La bancada de legisladores de esta organización, considera que el decreto gubernamental violenta la legislación y pone en riesgo la propiedad privada, expresó el diputado, Adrián Vega.
Redacción Central
El Periódico-Mayo-09-2024.- La bancada de Senadores de Comunidad Ciudadana (CC) presentó un proyecto de ley para abrogar o anular el Decreto Supremo 5143 que pone en riesgo la propiedad privada y que desató el rechazo en varios lugares del país.
Este decreto tiene que ver con el registro en Derechos Reales, el fundamento técnico jurídico normativo del proyecto de ley de CC es que la Ley 025, del Órgano Judicial, es la que tiene que ver con este asunto, no un decreto.
La Ley 025 establece que el registro en Derechos Reales y los Notarios de Fe Pública, continuarán en funciones sujetos a las normas anteriores a la actual ley, recordó el Diputado Adrián Vega, al confirmar el proyecto de ley de CC.
El Órgano competente para establecer y regular este asunto es el legislativo, la Asamblea Plurinacional, no el Ejecutivo mediante decreto supremo, aclaró para añadir que el Legislativo tiene que promulgar una Ley especial para este tema específicamente.
A través de este decreto se pretende también crear en Bolivia un estado policiaco y espía, porque toda la información o base de datos de Derechos Reales, entre otros, pasa a depender del Ministerio de Gobierno, denominado “Agetic”, advirtió.
Esta base de datos que debería ser información confidencial, que maneje el Órgano Judicial, pasará a manos del Ejecutivo y todos los ciudadanos estén propensos a una intervención y manipulación de información privada y personal, como el patrimonio.
Diputado nacional, Adrián Vega Gandarillas.
“Denunciamos que el gobierno, pretende no solo secuestrar las libertades ciudadanas, sino también secuestrar la propiedad de los bolivianos, a través de este decreto atentatorio”, remarcó el parlamentario de oposición.
Los miembros de CC esperan que el proyecto de ley presentado pueda ser tratado y aprobado en la Asamblea para anular el decreto que carece de un fundamento normativo, jurídico y técnico y que pretende instaurar un estado policiaco, cuestionó.
EL APUNTE
Propiedad privada
Consultado si pone en riesgo la propiedad privada este decreto, Vega contestó que por supuesto que sí, toda la información que debería ser confidencial y privada, la base de datos que maneja el Órgano Judicial, pasaría a depender del Ejecutivo.
Además el decreto establece y obliga a que el Consejo de la Magistratura y el Órgano Judicial establezcan reglamentos, cumplan plazos y ejecutan acciones, “esto quiere decir que pasan a depender de lo que ordena el Ejecutivo”, insistió.