La confianza ciudadana no se construye con discursos, sino con información verificable. Y cuando se trata del manejo de recursos públicos, el silencio nunca es un buen consejero. En Tarija, la administración de las tasas municipales que pagan diariamente comerciantes, gremiales, feriantes y otros trabajadores independientes se ha convertido en un tema que merece una explicación clara, completa y permanente por parte del Gobierno Municipal.
No son pocos los sectores que, desde hace años, han expresado dudas sobre la administración de estos recursos. Las denuncias de supuestos cobros irregulares, la falta de uniformidad en los procedimientos y la ausencia de información oficial han dado lugar a un escenario donde las sospechas crecen precisamente porque no existen datos públicos que permitan despejarlas.
Lo preocupante es que el Ejecutivo Municipal jamás ha institucionalizado un mecanismo de rendición de cuentas que detalle cuánto dinero ingresa por concepto de tasas en mercados, puestos de venta, asentamientos temporales, ferias productivas, actividades culturales, festividades religiosas y eventos tradicionales que ocupan espacios públicos. Cada año, Tarija alberga decenas de actividades que generan autorizaciones y cobros municipales, pero la ciudadanía desconoce cuál es el volumen real de esos ingresos y, sobre todo, en qué se invierten.
No se trata de cifras menores. Son recursos provenientes, en gran medida, del esfuerzo cotidiano de pequeños comerciantes que enfrentan una economía marcada por la inflación, la incertidumbre cambiaria y la reducción del poder adquisitivo de las familias. Para muchos de ellos, cada boliviano cuenta. Por eso tienen el legítimo derecho de exigir que el dinero que entregan al municipio sea administrado con absoluta transparencia.
Una gestión moderna no puede conformarse con recaudar; debe rendir cuentas. La tecnología ofrece herramientas suficientes para publicar reportes mensuales, balances anuales y sistemas digitales donde cualquier ciudadano pueda conocer cuánto se recauda por cada mercado, por cada feria, por cada permiso temporal y por cada actividad autorizada. Esa práctica ya forma parte de los estándares internacionales de buen gobierno y fortalece la credibilidad institucional.
La opacidad nunca beneficia a la administración pública. Por el contrario, abre espacios para la discrecionalidad, alimenta rumores, debilita la confianza y crea condiciones propicias para posibles actos de corrupción. Cuando la información permanece oculta, quienes cumplen con sus obligaciones terminan preguntándose si su aporte realmente retorna en mejores mercados, calles más limpias, servicios eficientes o infraestructura adecuada.
Tarija necesita romper con esa cultura del hermetismo. La transparencia debe dejar de ser una promesa para convertirse en una política pública permanente. Publicar las recaudaciones, identificar el destino de los recursos y permitir el control ciudadano no representa una amenaza para ninguna autoridad; constituye, por el contrario, la mejor defensa frente a cualquier cuestionamiento.
Los gobiernos pasan, pero las instituciones permanecen. Precisamente por ello, el municipio debe construir mecanismos que trasciendan a las personas y garanticen que toda recaudación sea registrada, auditada y puesta a conocimiento de la población. No basta con administrar correctamente; también es indispensable demostrarlo.
Los pequeños comerciantes cumplen cada día con el municipio. Ahora le corresponde al municipio cumplir con ellos y con toda la ciudadanía. Porque cuando las cuentas son públicas, la confianza crece; cuando permanecen ocultas, las dudas terminan ocupando el lugar que debería pertenecer a la certeza.