Panamá vive desde hace una semana una agitación social con manifestaciones, bloqueos de calles y paros laborales en rechazo a la operación, con la venia del gobierno, de la mina de cobre más grande de Centroamérica.
El gigante minero canadiense First Quantum Minerals (FQM) y el gobierno de Laurentino Cortizo están en el ojo del huracán, pero el movimiento de protesta, que incluye a obreros, maestros, médicos, estudiantes y ambientalistas, aumentó sus reivindicaciones.
¿Cuál fue el detonante de las protestas?
En menos de 24 horas, el Congreso aprobó el 20 de octubre una ley que selló el acuerdo firmado este año entre FQM y el gobierno, y Cortizo la sancionó.
El acuerdo, que permite a la minera operar en Panamá por 40 años, llevó una larga negociación después que la Corte Suprema de Justicia declarara en 2017 inconstitucional el contrato original porque se hizo sin licitación.
“Hay un desgaste de las instituciones y una ruptura con los actores que ejercen la representación política”, dijo a AFP Harry Brown, director del Centro Internacional de Estudios Políticos y Sociales.
Para el sociólogo Danilo Toro la minera fue el “gatillo” de un “disgusto acumulado” por el costo de la vida y otros problemas sociales, y advirtió del riesgo de “una explosión social”.
En las marchas muchos llevan pancartas y gritan consignas contra la “corrupción”.
¿Qué piden los manifestantes?
Los manifestantes exigen la derogación de la ley. Pero algunos sectores ahora piden paralizar las concesiones mineras y se decrete una moratoria.
“Hay 15 concesiones de minería y hay 103 solicitudes de minerías, lo que nos preocupa porque está claro que la actividad minera no es sostenible”, opinó José Isaac González, del grupo cívico juvenil Sal de las Redes.
La Cámara de Comercio, Industria y Agricultura pidió la revisión del código de minería y un “monitoreo” y control “estricto” de las concesiones existentes.
“Solicitamos al gobierno urgentemente una moratoria inmediata de nuevas concesiones mineras”, agregó.
En un documento, la Universidad de Panamá pidió “revocar la aprobación al contrato” y un referéndum nacional que decida si continuar con la actividad minera a cielo abierto en el país.
AFP
