
Por: Nelson Aguilar Rodríguez
Después de un paro de 23 días por el CENSO 2023, con pérdidas económicas de más de 700.000 dólares, con cuatro muertos, una violación grupal, la toma de la Central Obrera Departamental (COD), el incendio de la Federación de Campesinos de Santa Cruz, y decenas de heridos realizados por grupos violentos fascista (antidemocrático, xenofóbicos, ultranacionalista de extrema derecha), y dos cabildos en el último de este domingo 13 de noviembre, los cívicos a través Rómulo Calvo y sostenida por L. Fernando Camacho y Vicente Cuéllar rector UAGRM; plantearon 5 preguntas que son las siguientes: 1.- ¿Están todos de acuerdo en instruir a nuestros legisladores para que, de manera inmediata, gestionen la aprobación de una ley que garantice la aplicación económica y electoral de los datos del censo antes de las elecciones 2025?. 2.- ¿Están todos de acuerdo en delegar al Comité Pro Santa Cruz la convocatoria a una comisión constitucional, que en el marco legal y democrático, revise la futura relación política de Santa Cruz con el Estado Boliviano?. 3.- ¿Están todos de acuerdo en reclamar y exigir a los departamentos de Bolivia para que, en el marco de la unidad nacional, se unan en la lucha por la aplicación de los datos del censo antes del 2025?. 4.- ¿Están todos de acuerdo que, si en el plazo de 72 horas, los departamentos de Bolivia no se unen formalmente a este reclamo con medidas efectivas, asumamos por nuestra propia cuenta y responsabilidad nuestras propias reivindicaciones en beneficio de los bolivianos que viven y trabajan en Santa Cruz?. 5.- ¿Están todos de acuerdo en mantener el paro hasta que, dentro de estas 72 horas, sean liberados todos los ciudadanos detenidos ilegalmente en ejercicio a su derecho a la protesta y se garantice el fin de la represión policial contra el pueblo y sus dirigentes?». A todas ellas, una multitud respondió: «Sí». Al final, el cabildo puede entenderse como un acto de retirada estratégica y ordenada que encubre una derrota política y el fracaso de 23 días de paro. Mantener la medida de paro indefinido por 72 horas con demandas de la liberación de detenidos por los actos de violencia contra instituciones populares y exigir una Ley que garantice el CENSO y sus resultados se diluirán en lo procedimental de las mismas, lo cual, al cabo de 72 horas podría desmovilizar a sus hordas y disipar su derrota de manera disimulada; por otro lado, el llamado a movilización del resto de departamentos por los resultados del CENSO antes de 2025, busca mantener vigente su proceso desestabilizador pero con nuevas medidas como un cálculo toda vez que no anunciaron explícitamente lo que pasaría después del plazo anunciado, dejando ver entre líneas que no pueden sostener más tiempo un paro por la agudización de las contradicciones internas (rupturas al interior de los cívicos y el Comité Interinstitucional) que afloraron al terminar el cabildo con la toma violenta de la testera (ver fotos diarios) y externas (resistencia de sectores populares que se oponen a las logias) que en los últimos días debilitaron su discurso hegemónico. Sin embargo, el anuncio de conformar una “comisión constitucional” que “revise la futura relación de Santa Cruz con el Estado boliviano”, debe entenderse como una instancia o espacio “constituyente” que marque la línea separatista en el futuro próximo, dejando entrever que el federalismo ya no es una opción o bandera reivindicativa, asimismo deja entender que a partir de ahora se irá legitimando una republiqueta que consolide un Estado de hecho y no de derecho dentro de otro bajo un régimen de coerción, amedrentamiento, chantaje y represión con el uso de la violencia institucionalizada por medio de grupos paramilitares ya existentes (Unión Juvenil Cruceñista y otros). El escenario de una “constituyente” permite que las disputas por la hegemonía entre facciones o logias (Toborochi y Caballeros del Oriente) de la gran burguesía terrateniente, agroindustrial y financiera de Santa Cruz (A. Tarifa,2022), encuentren un factor de unidad, dado que persiguen un mismo fin: la balcanización de Bolivia desde el oriente con tintes fascistas que desestabilice a la región con la constitución de uno o varios Estados en el corazón del continente. En este contexto no se debe descartar la posibilidad del uso de la violencia armada como recurso válido con tal de conseguir su objetivo; asimismo podrían sumar adherencia de facciones de extrema derecha extranjeras y del imperialismo norteamericano que no dudarían en alentar esta aventura. Con ello el fascismo cruceño de manera estratégica, mantiene latente y vigente un proceso desestabilizador que le da tiempo para rearticularse y reposicionarse en el contexto nacional, al tiempo que debilita la estructura del gobierno actual alentando las divisiones internas y poniéndolo en constante crisis ante demandas estructurales que no necesariamente se resuelven por la vía de la concertación, el pactismo y la conciliación política, sino por medios que superen esos escenarios y pongan a prueba la capacidad de resolución del Estado Plurinacional de Bolivia con la aplicación constitucional de los instrumentos necesarios para mantener la unidad territorial, política y administrativa. Ahora bien, el papel del Gobierno que representa a la mayoría del pueblo que lo eligió, está a prueba, pues este escenario exige asumir medidas de hecho que garanticen la unidad territorial y administrativa del país, aplicando de manera correcta y oportuna todos los medios y mecanismos constitucionales que aplaquen este plan sedicioso, separatista y antipatriótico; medidas que al mismo tiempo promuevan la unidad del pueblo boliviano a través de las organizaciones populares por medio de manifestaciones y movilización permanente. Es necesario constituir un frente popular que contrarreste al fascismo desde la misma experiencia de la lucha de sectores populares de Santa Cruz tanto urbanos como rurales que enfrentaron y resistieron la arremetida de las hordas fascistas; no podemos permitir el avance del fascismo, la unidad con el pueblo trabajador es hoy más que nunca necesaria para defender la unidad de Bolivia del separatismo, la democracia y el proceso de cambio (A. Tarifa,2022). El Gobierno popular debe anteponer los intereses de la mayoría y ser factor de lucha unitaria. El gobierno debe avanzar con los juicios ordinarios a nivel de sentencia de los sediciosos, a los corresponsables del golpe 2019 y del paro del 2022. La democracia del pueblo, que gano con más del 55%, la unidad del país está en riesgo. Es la hora de defender la patria, la unidad de Bolivia, no permitamos la balcanización del país, todos unidos contra el fascismo separatista anticonstitucional. Bolivia unida jamás será vencida.


