Causa sorpresa ver que entre bolivianos otra vez nos pongamos trabas, como ser, las últimas decisiones adoptadas por algunos Diputados y Senadores de la Asamblea Legislativa Plurinacional, quienes siguiendo una línea partidaria rechazaron la madrugada del día martes el proyecto de Ley del PGE 2023 Reformulado, disposición que a mi parecer estaba a favor de los bolivianos en estos tiempos en que los gobiernos municipales y universidades precisan de un respaldo económico para cumplir con su proyectos y programas sociales.
La desaprobación del citado proyecto de Ley fue por 92 votos de asambleístas del Movimiento Al Socialismo (MAS) y de la oposición; frente a los 62 votos de los legisladores de la línea del gobierno, algo que sin duda deja en claro como estamos en el ámbito político, estos resultados suponen un duro golpe a las políticas del Presidente Arce, quien a través del proyecto de Ley propuesto busca que municipios y universidades públicas puedan adicionar recursos y gastos por un total agregado de Bs6.455.173.440 y presupuesto consolidado de Bs5.421.775.252, para dar una mayor dinámica en la economía en las regiones.
Por otro lado, mucho se ha observado las Disposiciones Adicionales del referenciado proyecto de Ley, y quiero en particular referirme a la Disposición Adicional Segunda, la cual con su aprobación se iba a garantizar que los Entes Gestores de Salud traspasen al Tesoro General de la Nación las Reservas económicas que tienen en sus cuentas, pero que pertenecen al Estado boliviano; dichos recursos tienen previsto en norma cubrir las prestaciones de la Seguridad Social de Largo Plazo, obligación que se encuentra pendiente de ejecución desde el año 1997.
La falta de una disposición normativa que exija el traspaso de las señaladas Reservas y de una entidad que controle esta operación, por la data habría dado lugar a que algunos Entes Gestores de Salud traten de dar un curso diferente a estos recursos, como la patrimonialización u otros fines, de ahí la necesidad que se tiene de que en el Reformulado, como una medida que se relaciona con el presupuesto, se apruebe para que de manera objetiva y eficiente se transfieran directamente al Tesoro estos recursos mediante el débito automático.
Por otra parte, mucho se dice que las Empresas Públicas deben contribuir, en el marco de la responsabilidad social corporativa y la política de distribución y redistribución justa de la riqueza y de los excedentes económicos, con sus utilidades netas o dividendos de cada gestión al Tesoro General de la Nación para financiar proyectos de inversión y/o programas de interés social.
En ese sentido, la Disposición Adicional Segunda también está orientada a que las Empresas del Estado por el incumplimiento a las Resoluciones del Consejo Superior Estratégico de las Empresas Públicas que determinen la transferencia de recursos (utilidades) para financiar el pago bonos y beneficios sociales del Estado, puedan efectivizar su traspaso mediante la aplicación del débito automático.
Entonces, lo que ha pasado en la Asamblea Legislativa Plurinacional al rechazarse la Ley del PGE del Reformulado es inédito, va en contra la base material del Estado y su funcionamiento, limitándonos entre bolivianos al desarrollo de nuestro país y de sus regiones, como lo son sus municipios y la educación superior universitaria, con la cual se busca reducir la pobreza y vencer a la ignorancia, que al parecer nos quiere consumir por intereses particulares.
Por: Richard Silva Gutierrez
Licenciado en Derecho