El Legislativo prevé una reunión con la Vicepresidencia para abordar las denuncias que involucran al fiscal general Roger Mariaca y definir las medidas institucionales que permitan mantener en funcionamiento el Ministerio Público mientras avanzan las investigaciones.
Redacción Central/El Periodico/02-10-2026.- La Asamblea Legislativa Plurinacional ingresó en una nueva fase de análisis ante la crisis que afecta a la Fiscalía General del Estado, luego de las acusaciones relacionadas con presuntos hechos de corrupción y narcotráfico que alcanzaron al fiscal general Roger Mariaca y derivaron en su aprehensión.El diputado nacional Rodrigo Fuenzalida informó que se prevé una reunión entre representantes del Legislativo y la Vicepresidencia para evaluar la situación y establecer los mecanismos que permitan garantizar la continuidad de las investigaciones actualmente en curso.La discusión parlamentaria adquiere relevancia debido a que la Fiscalía General constituye una institución esencial para la conducción de las investigaciones penales. En ese escenario, uno de los asuntos que deberá ser considerado es la forma en que se mantendrá la conducción institucional mientras se define la situación jurídica y administrativa de la máxima autoridad del Ministerio Público.La Cámara de Diputados informó previamente que sus presidentes solicitaron a la Cancillería gestionar información oficial respecto de los señalamientos formulados desde Estados Unidos contra autoridades bolivianas. Asimismo, se pidió al vicepresidente Edmand Lara, en su condición de presidente de la Asamblea Legislativa, convocar a una sesión para considerar los mecanismos de investigación que correspondan dentro del marco constitucional y legal.El escenario se agravó el 1 de octubre, cuando autoridades del Gobierno informaron sobre la aprehensión de Mariaca junto con otras personas, en una investigación relacionada con presuntos vínculos con una estructura dedicada al narcotráfico y hechos de corrupción. Reuters reportó que las autoridades bolivianas atribuyeron al operativo la desarticulación de una presunta red vinculada con la protección de actividades ilícitas. Las acusaciones, sin embargo, forman parte de una investigación y no equivalen por sí mismas a una sentencia judicial.La situación también generó pronunciamientos desde la propia Asamblea. El vicepresidente Lara señaló que las denuncias por corrupción, narcotráfico u otros delitos deben ser investigadas conforme a la legislación y que cualquier actuación debe respetar el debido proceso. Además, cuestionó las circunstancias en las que se produjo la aprehensión del fiscal general.Uno de los aspectos que deberá resolver el Legislativo está relacionado con la conducción temporal de la Fiscalía. De acuerdo con reportes publicados en medios nacionales, ante una ausencia extraordinaria de la máxima autoridad puede asumir temporalmente el decano con mayor antigüedad dentro de la institución, mientras el órgano competente determina los siguientes pasos.El debate parlamentario también se encuentra relacionado con otros expedientes de alto interés público. Entre ellos figura la investigación sobre el consultor argentino Fernando Cerimedo, cuya situación ha sido mencionada en las actuaciones y declaraciones públicas de los últimos días. La Vicepresidencia convocó previamente a una sesión de la Asamblea para analizar las sanciones migratorias estadounidenses y la situación de autoridades observadas, además de presentar materiales atribuidos a Cerimedo.En paralelo, el caso Mariaca generó repercusión internacional. El País informó que el fiscal general fue detenido después de acusaciones estadounidenses relacionadas con presunta protección a narcotraficantes, mientras que Mariaca rechazó los señalamientos y cuestionó lo que consideró una interferencia en investigaciones sensibles.Para el Legislativo, el desafío inmediato consiste en preservar la continuidad del trabajo de la Fiscalía y, al mismo tiempo, establecer los mecanismos institucionales para que las denuncias sean investigadas por las instancias competentes. La eventual designación de un reemplazo o la adopción de otras medidas deberá ajustarse a las atribuciones establecidas por la Constitución y las normas que regulan al Ministerio Público.La reunión entre la Vicepresidencia y representantes parlamentarios se convierte así en un punto central para definir los siguientes pasos. El objetivo será determinar cómo se garantizará el funcionamiento de la Fiscalía, qué instancia asumirá las investigaciones pendientes y cuáles serán los procedimientos para establecer responsabilidades, en caso de que las indagaciones encuentren elementos suficientes.Mientras tanto, las denuncias continúan bajo investigación y las distintas instituciones involucradas deberán aportar información y documentación que permita esclarecer los hechos, preservando tanto el interés público por conocer sus resultados como las garantías procesales de las personas investigadas.