El alcalde de Tarija y presidente de la FAM Bolivia, Johnny Torres, informó sobre los acuerdos alcanzados con el Gobierno y anunció un censo de vehículos indocumentados como base para evaluar una posible legalización y generar nuevos recursos.
Redacción Central/El Periodico/29-08-2026.- Johnny Torres informó sobre los acuerdos alcanzados entre las alcaldías y el Gobierno, entre los que se encuentra la devolución del 12% de los recursos provenientes del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) a partir de 2027.
La medida representa una de las principales demandas de los gobiernos municipales, que durante los últimos años enfrentaron restricciones presupuestarias y una reducción de sus ingresos disponibles para atender servicios, ejecutar obras y sostener programas destinados a la población.
El acuerdo establece que los recursos correspondientes al 12% del IDH volverán a ser transferidos a las alcaldías desde la gestión 2027. La restitución de estos fondos permitiría mejorar la planificación financiera municipal y otorgar mayor previsibilidad a los presupuestos de las entidades locales.
Los municipios dependen de distintas fuentes de financiamiento para cubrir sus obligaciones. Entre ellas se encuentran las transferencias del nivel central, los ingresos propios, las regalías y otros recursos asignados mediante normas específicas. Cualquier variación en estas fuentes repercute en la ejecución de proyectos y en la continuidad de servicios públicos.
La devolución del porcentaje del IDH también podría incidir en la programación de obras de infraestructura, mantenimiento vial, salud, educación, gestión de residuos y atención de emergencias. Sin embargo, la disponibilidad efectiva de los recursos dependerá de la aplicación del acuerdo, de las condiciones económicas del país y de los mecanismos que se establezcan para realizar las transferencias.
Torres señaló que los acuerdos alcanzados forman parte de una agenda de coordinación entre las alcaldías y el Gobierno. La FAM Bolivia participó en las gestiones destinadas a plantear las necesidades financieras de los municipios y buscar alternativas frente a la disminución de ingresos que afecta a varias entidades territoriales.
El retorno del 12% del IDH se proyecta para 2027, por lo que las alcaldías deberán considerar el periodo de transición y organizar sus presupuestos de acuerdo con los recursos disponibles durante las próximas gestiones. La planificación deberá tomar en cuenta las obligaciones pendientes, los proyectos en curso y las necesidades más urgentes de cada municipio.
Además del acuerdo sobre el IDH, el alcalde de Tarija informó sobre la realización de un censo de vehículos indocumentados. El registro tendrá como objetivo establecer la cantidad de motorizados que se encuentran en esa condición y reunir información sobre sus características, ubicación y posible uso.
La información obtenida mediante el censo serviría como base para analizar una eventual legalización de estos vehículos. La propuesta también está vinculada con la posibilidad de generar recursos para los municipios mediante el pago de tributos, tasas u otros conceptos relacionados con la regularización.
El proceso requerirá coordinación entre las alcaldías, el Gobierno nacional y las instituciones encargadas del registro y control vehicular. También será necesario definir los requisitos, los procedimientos y las condiciones bajo las cuales podría desarrollarse una eventual legalización.
Los vehículos indocumentados representan una problemática que afecta a distintas regiones del país. Su circulación dificulta la identificación de propietarios, limita el control sobre el parque automotor y reduce la posibilidad de que los municipios perciban ingresos por impuestos y trámites vinculados con la propiedad de los motorizados.
Un censo permitiría contar con una base de datos actualizada y establecer la magnitud del fenómeno. La información también podría contribuir a mejorar las tareas de control, ordenar el registro vehicular y determinar las características de los motorizados que podrían ingresar a un proceso de regularización.
La posible legalización, sin embargo, deberá considerar aspectos legales, tributarios y de seguridad. Las autoridades tendrán que establecer mecanismos para evitar que el proceso incentive el ingreso de nuevos vehículos indocumentados o facilite la incorporación de motorizados vinculados con actividades ilícitas.
Para las alcaldías, la regularización podría convertirse en una fuente adicional de ingresos propios. Los recursos obtenidos permitirían fortalecer los presupuestos municipales y financiar parte de las obligaciones que actualmente deben cubrirse con transferencias o con ingresos limitados.
La propuesta también plantea la necesidad de definir cómo se distribuirían los recursos generados por una eventual legalización. Las entidades municipales deberán participar en la discusión sobre los mecanismos de recaudación y sobre el destino de los fondos obtenidos.
El acuerdo sobre el IDH y el anuncio del censo de vehículos indocumentados se producen en un contexto de preocupación por la situación financiera de los gobiernos municipales. Las alcaldías enfrentan mayores demandas de servicios y, al mismo tiempo, dificultades para sostener sus presupuestos debido al incremento de costos y la reducción de ingresos.
La devolución del 12% del IDH permitiría recuperar una fuente de financiamiento que los municipios consideran necesaria para cumplir sus competencias. No obstante, la aplicación del acuerdo deberá ser acompañada por normas claras, cronogramas definidos y mecanismos de seguimiento que garanticen la transferencia efectiva de los recursos.
En el caso del censo vehicular, el siguiente paso será establecer la metodología del registro y coordinar la participación de las instituciones involucradas. También se deberá informar a los propietarios sobre los requisitos y alcances del proceso para evitar confusiones o expectativas que no estén respaldadas por una norma vigente.
Torres destacó que los acuerdos alcanzados abren una etapa de coordinación entre el Gobierno y las alcaldías. La FAM Bolivia continuará participando en las gestiones relacionadas con el financiamiento municipal y en la búsqueda de nuevas alternativas para fortalecer los ingresos de las entidades locales.
Mientras se espera la aplicación de la devolución del IDH a partir de 2027, los municipios deberán administrar sus recursos con criterios de prioridad y sostenibilidad. La atención de servicios esenciales, la continuidad de obras y el cumplimiento de obligaciones institucionales estarán condicionados por la disponibilidad presupuestaria de cada entidad.
El censo de vehículos indocumentados podría constituir una medida complementaria para ampliar la base de contribuyentes y mejorar el control del parque automotor. Su eventual legalización dependerá de las decisiones que adopten las autoridades y de la aprobación de las disposiciones necesarias para regular el proceso.
Los acuerdos anunciados por el presidente de la FAM Bolivia colocan nuevamente en el centro del debate la distribución de recursos entre los distintos niveles del Estado. Para las alcaldías, la recuperación del 12% del IDH y la identificación de nuevas fuentes de ingresos son elementos importantes para fortalecer su capacidad de gestión y responder a las necesidades de la población.