Torres plantea modificar parcialmente la Constitución y avanzar hacia un nuevo pacto fiscal, mientras Rolando Vacaflor suma a la agenda reformas en seguridad, justicia, migración y violencia de género.
Redacción Central/El Periódico/03-09-2026.-La discusión sobre el futuro del modelo de Estado boliviano comienza a incorporar una demanda que durante años permaneció pendiente: revisar la relación financiera y competencial entre el Gobierno central y las entidades autónomas. Desde Tarija, el alcalde Johnny Torres volvió a colocar este debate en el escenario nacional y planteó que una reforma parcial de la Constitución debe acompañarse de un nuevo pacto fiscal.
La propuesta parte de una preocupación concreta: la distancia entre las responsabilidades que tienen municipios y gobernaciones y los recursos que efectivamente reciben para cumplirlas. Para Torres, el actual esquema de distribución limita la capacidad de las autonomías y convierte buena parte de sus competencias en obligaciones difíciles de sostener financieramente.
El alcalde cuestiona especialmente que los gobiernos subnacionales dispongan de una porción reducida de los recursos nacionales. En su planteamiento, el debate no debería limitarse a aumentar o disminuir porcentajes de coparticipación, sino revisar de manera integral la estructura financiera del Estado y establecer reglas que permitan a municipios y departamentos contar con mayores posibilidades de inversión.
La posición de Torres se suma a una agenda que ya viene impulsando desde la Federación de Asociaciones Municipales, donde el pacto fiscal, la redistribución económica, la coparticipación tributaria y la transferencia de competencias forman parte de las demandas que se pretende discutir con el Gobierno nacional.
El alcalde considera que la reforma constitucional puede ser una vía para corregir esas dificultades, pero descarta que Bolivia deba embarcarse en una nueva Asamblea Constituyente. Su argumento se concentra en la necesidad de evitar un proceso largo y costoso y priorizar modificaciones puntuales capaces de generar resultados en el corto plazo.
En ese escenario, la discusión sobre el pacto fiscal vuelve a adquirir relevancia. Los municipios sostienen que el actual sistema de financiamiento ya no responde a las necesidades que enfrentan, particularmente en un contexto de reducción de ingresos y mayores costos para mantener servicios, ejecutar obras y atender las demandas ciudadanas.
El planteamiento no es nuevo. En meses anteriores, Torres ya había advertido sobre las restricciones financieras de los municipios y había defendido alternativas destinadas a incrementar las transferencias y recuperar capacidad de inversión. También había señalado que una eventual redistribución debería considerar las diferencias entre municipios grandes y pequeños.
A esta discusión se incorpora el senador Rolando Vacaflor, quien coincide en la necesidad de revisar parcialmente la Constitución, aunque coloca otros asuntos dentro de la agenda prioritaria.
Para el legislador, el debate constitucional debe incluir modificaciones relacionadas con la seguridad ciudadana, la legislación contra la violencia, las políticas migratorias y el funcionamiento del sistema de justicia. Su posición parte de una preocupación por situaciones que, según sostiene, estarían generando conflictos en la aplicación de determinadas normas.
Uno de los puntos que plantea revisar es la Ley 348. Vacaflor cuestiona que el sistema pueda producir situaciones en las que personas sean privadas de libertad a partir de acusaciones que posteriormente no logren ser sustentadas, y considera necesario encontrar un equilibrio entre la protección efectiva de las víctimas y el respeto al debido proceso.
La seguridad ciudadana constituye otro de los principales focos de preocupación. El senador alerta sobre la expansión de hechos vinculados al sicariato y sostiene que el Estado debe fortalecer sus mecanismos de prevención, investigación y respuesta frente a organizaciones criminales y delitos violentos.
La situación, desde su perspectiva, exige una revisión de las capacidades institucionales y de las normas que regulan la lucha contra el crimen. El objetivo sería evitar que la Policía quede rebasada frente a nuevas modalidades delictivas que generan mayor sensación de inseguridad entre la población.
También plantea incorporar la migración dentro de una eventual reforma de las políticas públicas y de las normas que regulan el ingreso y permanencia de extranjeros en el país. El tema adquiere especial sensibilidad debido a la preocupación existente en diferentes regiones por el incremento de determinados delitos y por la necesidad de fortalecer los mecanismos de control estatal.
Las propuestas de Torres y Vacaflor confluyen, aunque desde diferentes ámbitos, en la necesidad de revisar estructuras que consideran insuficientes para responder a la realidad actual del país. Mientras el alcalde coloca el financiamiento de las autonomías en el centro de la discusión, el senador apunta a problemas relacionados con seguridad, justicia y control migratorio.
El debate plantea, de esta manera, una posible agenda de reformas que trasciende la discusión partidaria y vuelve a poner sobre la mesa el funcionamiento del Estado boliviano. La distribución de los recursos, las competencias autonómicas, la seguridad y la aplicación de las leyes aparecen como asuntos que podrían ingresar en una eventual revisión constitucional.
Para Tarija, la discusión tiene además una dimensión económica. Una mayor disponibilidad de recursos para municipios y departamentos significaría recuperar capacidad para ejecutar obras y atender servicios, mientras que una redefinición de competencias permitiría establecer con mayor claridad qué nivel de gobierno debe financiar cada obligación.
El desafío será convertir estas propuestas en una agenda nacional capaz de generar consensos políticos. La posibilidad de una reforma parcial de la Constitución abre nuevamente una discusión que, más allá de modificar artículos específicos, puede definir el tipo de Estado y el grado de autonomía que Bolivia tendrá durante los próximos años.