La fiscal Yolanda Aguirre, encargada de las primeras actuaciones periciales, confirmó tras la autopsia de ley que el cuerpo de la víctima presentaba al menos cuatro impactos de bala, heridas que resultaron letales.
El asesinato del abogado Víctor Hugo Claure Hinojoza, magistrado decano del Tribunal Agroambiental, impacta y causa preocupación en el sistema judicial boliviano y población en general. El hombre fue interceptado por sicarios que terminaron con su vida la noche de este jueves 30 de diciembre con cuatro impactos de bala.
El suceso, un «sicariato» aparentemente planificado, ocurrió mientras la autoridad circulaba por las inmediaciones de la avenida Busch y el barrio Costanera, cerca del cuarto anillo de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. Según los informes policiales preliminares, Claure Hinojoza fue interceptado por sujetos que se desplazaban en una motocicleta, quienes abrieron fuego contra el vehículo del jurista. Pese a que fue trasladado de emergencia a un centro hospitalario, el magistrado llegó sin signos vitales, confirmándose su deceso poco después.
La fiscal Yolanda Aguirre, encargada de las primeras actuaciones periciales, confirmó tras la autopsia de ley que el cuerpo de la víctima presentaba al menos cuatro impactos de bala, heridas que resultaron letales. «Se ha podido establecer que han sido cuatro los impactos de bala que recibió el cuerpo de la víctima, los cuales le ocasionaron la muerte», declaró la representante del Ministerio Público, subrayando la precisión y violencia del ataque.
REMEZÓN EN EL ÓRGANO JUDICIAL
La repercusión de este crimen fue inmediata . El hecho de que una autoridad nacional de la jerarquía de un decano del Tribunal Agroambiental —quien fue electo en los últimos comicios judiciales y asumió su cargo de decano en enero de 2025— haya sido victimada a plena luz pública, geneó preocupación entre los administradores de justicia.
En el momento del atentado, se produjo una situación de alta tensión en la zona de Equipetrol. Agentes de la Policía Boliviana tuvieron que intervenir de urgencia en un evento social donde se encontraban magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). Bajo estrictos protocolos de seguridad, las autoridades judiciales fueron evacuadas ante el temor de que el ataque contra Claure fuera el inicio de una serie de atentados selectivos contra miembros del Poder Judicial.
Desde Sucre, sede del Órgano Judicial, las expresiones de preocupación no se han hecho esperar. Voceros del sector señalan que este crimen representa un «remezón» sin precedentes que obliga a replantear de manera urgente los mecanismos de protección para quienes tienen la responsabilidad de emitir fallos en causas de alta sensibilidad social y económica, como lo son los temas agrarios y ambientales en el oriente boliviano.
Más allá de la pérdida humana, el asesinato de Claure Hinojoza pone bajo la lupa la efectividad de las políticas de seguridad en Santa Cruz de la Sierra. El uso de sicarios en motocicletas, un «modus operandi» que ha ido en aumento en la región, desafía nuevamente la capacidad de respuesta de las fuerzas del orden.
Inmediatamente después del suceso, la Policía Boliviana desplegó un fuerte operativo, instalando retenes móviles en puntos estratégicos de la ciudad y las salidas interdepartamentales para capturar a los responsables. No obstante, los autores materiales permanecen prófugos.
Fuente: Opinión