Eduardo Claure
En los últimos años la mayoría de los países -incluido Bolivia- han enfrentado una crisis económica, que ha generado un gran deterioro de la calidad de vida de la población, tanto de áreas rurales como de centros urbanos, que, además, se ha visibilizado con la pandemia del COVID 19, poniendo de rodillas a procesos sociopolíticos “revolucionarios” que bajo la lupa del desarrollo y pese a grandes ingresos por la depredación de algunos recursos naturales no renovables, estos no se han dirigido a la gestión de los recursos naturales renovables y el medio ambiente. Esta acción política nacional y local, sin visión ni planificación, redujo la capacidad de inversión del sector público en el mantenimiento, operación y ampliación de los sistemas de agua potable, irrigación y saneamiento básico, así como en la preservación y conservación del medio ambiente y en los “programas de desarrollo” nacional, departamentales y municipales. Simultáneamente se asiste a un creciente deterioro de los ecosistemas debido a la explotación inadecuada de las fuentes, degradación y contaminación de los ecosistemas y de los recursos naturales productores de agua y formas irracionales de consumo y desperdicio. Localmente a Tariquía se la dejó a su suerte, el Pilcomayo con severos “índices” de contaminación, una red de alcantarillado obsoleto, sumándose una explotación minera descontrolada y una total ausencia de planificación en esta área -como otras- de alta sensibilidad y fragilidad, sin dejar de pensar en la vergüenza tarijeña de la PTAR que hasta hoy no tiene destino. Todo esto se suma a políticas públicas que atienden prioritariamente a otros intereses y no -por ejemplo- al manejo, administración y gestión de los recursos hídricos desde una perspectiva de la planificación del desarrollo: esto evidencia que las carencias de agua no se deben al crecimiento vegetativo y migratorio de las poblaciones, más aún, cuando está harto demostrado que el 80% de la población es urbana.
Proyectos “privados” de urbanización -loteadores-, áreas inadecuadas para depósitos de residuos sólidos urbanos, descontrolada explotación de acuíferos subterráneos con habilitación de pozos de agua barriales provocan drenaje de áreas húmedas que pudiesen cuidarse para la protección de la biodiversidad local y el equilibrio de los sistemas hídricos superficiales, la recarga de los acuíferos y aún para la disponibilidad de agua para el ecosistema natural y la población humana de la campiña chapaca. Bolivia y Tarija especialmente, requiere una visión ambiental comprometida con las oportunidades de acceso al desarrollo y a la elevación de la calidad de vida humana en todos sus aspectos, cuanto al conocimiento y manejo ecológico y socialmente sustentado de la biodiversidad que el departamento y los municipios encierran. El camino para alcanzar una visión ambiental de este tipo debe incorporar las especificidades y diversidades de todas las ecorregiones, para que sea socialmente justa y ecológicamente sustentable. Esto implica, necesariamente, la participación activa de los diversos actores y agentes sociales, económicos y políticos. La tarea, que va desde la concepción hasta la implementación de esta nueva visión, es compleja y escabrosa, pero también, urgente e inaplazable. En este contexto, no se conoce de un Plan de Desarrollo Departamental, ni municipal, sólo y como noticias, de POAs que ya se iniciarán como todos los años en el próximo mes de septiembre. Algún desagregado específicamente dirigido al tema, no existe, y si existe, no es accesible al ciudadano de a pie, simplemente.
Sin duda, el agua, elemento vital para los ecosistemas y para la sociedad se torna progresivamente en un recurso de escasez creciente por su disponibilidad cuantitativa y cualitativa para los diferentes usos sociales. Hay una conciencia creciente de entender al gua de manera integral. Esto implica una comprensión a partir de distintas perspectivas: 1. Como elemento vital para la sobrevivencia de la biodiversidad y de la sociedad; 2. Como recurso vital para el desarrollo de diversas actividades económicas; 3. Como recurso natural, que por su carácter limitado adquiere valor económico; 4. Como recurso ambiental que es patrimonio común que la sociedad debe usar, preservar y conservar.
Hay que garantizar a todos los habitantes el acceso equitativo al agua potable y al saneamiento básico, en cuanto derecho humano al mejoramiento de la calidad de vida. Por tanto, es necesario replantear las modalidades de manejo sectorial del agua, que desconocen, ignoran y afectan sus usos posibles y tornan poco viables la conservación y preservación del sistema hidrológico departamental y municipal. Las soluciones puntuales que suponen la “privatización” o “cooperativización” que viene de la mano de la fragmentación del ciclo del agua tiende a empeorar la situación actual. Las soluciones de los problemas que se presentan en el uso y reutilización requieren de una visión de conjunto de las cuencas que debe ser obtenida a través del proceso de participación y cooperación interinstitucional, más allá de los reglamentos, capacidades o catálogos competenciales. Los tecnicismos del mercado no son la solución per-se al conjunto de los problemas de manejo de los sistemas hídricos -intentos de mercantilización vía costos, tarifas y otros que graban al ciudadano su consumo-, siendo que la alternativa ambiental para la solución de estos problemas, implica una gestión del agua, donde prioridades y decisiones sean resultantes de procesos colectivos de debate, con amplia participación y de diversos actores sociales e institucionales; pudiendo, así, ser asumidos por la colectividad departamental y municipal. No hace mucho se realizaron en Tarija, eventos institucionales privados y públicos, que trataron el tema del desarrollo y la planificación urbana, como también del desarrollo propiamente dicho, en los que el tema de la administración, manejo y/o gestión de los RR.NN., han sido abordados, sin embargo que su aplicación y resultados de frondosos diagnósticos y análisis, si no son asumidos por los titulares de las ETAs, aquel ejercicio, quedará para las calendas griegas; mientras, se siguen proyectando puentes, circunvalaciones y otras artes mayúsculas y artificiales, que consumen el liquido elemento que debiera tener una proyección alcanzable por su elevado significado para las sociedades capitalinas y sus comunidades aledañas. El acceso al agua de buena calidad debe ser garantizado a todos los habitantes del departamento y sus municipios como derecho básico, humano y constitucionalizado de todos sus habitantes y otros seres vivos -incluido los vivillos- que prefieren echar la culpa al cambio climático, calentamiento global, al fenómeno del niño, la niña, o al “imperio”, antes que a su ineptitud en planificación y desarrollo.
