Eduardo Claure
El mercurio ha sido utilizado en la minería del oro aluvional desde la colonia, lo que sucede en la actualidad respecto a este elemento que amalgama el oro, es que su uso masivo asume dimensiones de alta preocupación por la ubicación de los puntos de explotación del precioso mineral en el norte paceño tropical, del Beni y en otros departamentos. En la década de los 80 y hasta mediados de los 90, el uso de cianuro para la lixiviación y la obtención de bullones de plata con alto contenido de oro, era utilizado por empresas mineras canadienses en Joint Ventures con empresas bolivianas como COMSUR, EMUSA y el Grupo GRACE -en el altiplano-, cuyos propietarios eran jefes de partidos políticos que implantaron el “modelo neoliberal”: Gonzalo Sánchez de Lozada, Mario Mercado Vaca Guzmán y Ronald Maclean Abaroa. Estas explotaciones mineras privadas provocaron movilizaciones muy fuertes del sector campesino contra el uso del cianuro en piscinas de lixiviación para recuperar el oro, lo que enardeció sus reivindicaciones por daños medio ambientales y obligó a modificar incluso, el tema de las regalías del oro para el departamento de Oruro luego de intensos bloqueos por los ayllus del altiplano -Laymes, Jukumanis y Kakachacas, además de comunidades aymaras y la COD- apoyadas por Comité Cívico, FEJUVE y otros sectores sociales y académicos de ese departamento; movilizaciones que no pudieron ser sofocados ni por el ejército acantonado en el cuartel de los Ranger de Challapata en Oruro, ante levantamientos muy duros entre 1989 y 1990, y 1992 al 1995. Como siempre, aquellas empresas negaron las denuncias de contaminación por cianuro, como hoy se hace respecto del mercurio. En aquella década, las reservas de oro en la región entregadas a la Empresa Minera Inti Raymi bajo cuya figura operaban aquellas tres empresas bolivianas junto a la canadiense Batlle Mountain Gold, operaban sobre 3.700 pertenencias que contenían reservas de oro cuantificadas en 10.000.000 de toneladas métricas con un contenido de 1,6 grs/Tn. El beneficio directo de este oro, eran para las empresas mineras privadas, mientras la región recibía un misero 1.5%, que subió a 2% con las movilizaciones, mientras sus organizaciones sociales reclamaban el 25% tal como se otorga en otros países, o cuando menos ese porcentaje debía subir al 11% tal como pagan los hidrocarburos. El uso intenso del agua en este caso, provocó el secado de la Laguna Soledad y conflictos del colmatado del río Desaguadero, además de la desaparición del otrora emblemático cerro La Joya. Estas movilizaciones sociales, fueron insumos políticos para la conciencia medio ambiental en la elaboración de la Ley 1333.
Hasta hace quince años, la explotación del oro aluvional era mediante dragas y dragalinas en pequeña escala, en forma artesanal cosechándose el oro y materiales pesados que se amalgaman con mercurio metálico. Hoy, esa minería creció exponencialmente y de las decenas de explotaciones que existían en los 80-90, se cuentan ahora con algo más de 1.100 cooperativas auríferas, de 1700 registradas al 2017, lo que provoca el uso masivo, intensivo y descontrolado del mercurio. Desde el año 2015 Bolivia empezó a importar grandes cantidades de mercurio, a niveles que llegan hasta el doble de lo que necesita y utiliza. Desde entonces han crecido las sospechas de que el país está abasteciendo de mercurio para la minería ilegal a países como Perú, Brasil y Colombia. En este contexto, una investigación del CEDIB, en pobladores indígenas del norte paceño y del Beni -2017-, coordinada con la Universidad de Cartagena en Colombia y la red internacional denominada IPEN Red Internacional de Eliminación de los Contaminantes Orgánicos Persistentes, arrojó sus primeros resultados con cifras alarmantes: de 350 personas evaluadas -indígenas Tacana y Uchipiamona- todas superaban, en promedio, siete veces los límites permitidos en la sangre. Según datos del Viceministerio de Comercio Interno, al año 2020, Bolivia importó 165.000 kgrs. Es decir 165 Tn, cuando el propio viceministerio de minería expresó que únicamente se requieren entre 60 a 80 Tn. A dónde va el resto.? El convenio de Minamata, al cual está suscrito Bolivia, establece la obligación de todos los países de ir eliminando gradualmente el uso del mercurio, y, accionen un Plan Nacional de Mitigación, es decir, una estrategia que los gobiernos establezcan para controlar y disminuir el uso, comercio y desechos de mercurio. En Bolivia, esto no avanza, aún no existe un plan nacional de acción, a pesar que el gobierno de Arce Catacora, el 14 de junio de 2023 aprobó el D. S. 4959 cuyo objeto es: Establecer el registro de los importadores y exportadores de mercurio y; Establecer la Autorización Previa para la importación y exportación de mercurio. Este cuadro de situación de explotación aurífera altamente contaminante, ha recibido de parte del ministro de medioambiente y aguas: una burla, y de las cooperativas mineras auríferas, beneplácito, mientras son beneficiados con bajo pago de regalías y ningún control ambiental, aspecto que no cambiará, por ser un bastión político del MAS-IPSP, rumbo al 2025. El oro aluvial, no ha sido evaluado, ¿se incluye en alguna iniciativa de la oposición?
En Bolivia, la minería ilegal es la depredadora por excelencia, sin control, bajo prebenda y sin tributar, todo porque en minería, el límite entre lo legal e ilegal es muy difuso y principalmente político. El cooperativismo minero aparece como organización con fines sociales, convertidas en pequeñas y medianas empresas con grandes capitales. Bajo el argumento de su “fin social” se les ha flexibilizado requisitos para trámites y el cumplimiento de normativas, por ejemplo, inician sus actividades de facto argumentando que han iniciado su trámite y eso es suficiente para ir operando y sobre la marcha “regularizarán” sus trámites. Entonces, son actividades totalmente ilegales pues sin iniciar trámites, ya realizan operaciones de explotación -además- en zonas prohibidas para estas actividades, pues éstas, han ingresado aviesamente a áreas protegidas contraviniendo la norma que no permite actividades mineras en ellas. El Estado Plurinacional ha sido cómplice al modificar los planes de manejo de áreas protegidas para viabilizar minería en varias de las 23 áreas protegidas del país. Eso ha ocasionado un descontrol total de la minería aurífera, reconociéndose y denunciándose que, el gobierno/Estado/partido no tiene capacidad para controlar la minería ilegal, otorgándoles protección por compromisos políticos, permitiéndoseles, el uso de algún tipo de armamento, por la ubicación de estas explotaciones donde han sucedido crímenes contra cooperativistas, alegándose que los atracadores son extranjeros. Además, en el río Madre de Dios, frontera con el Brasil el contrabando del oro está asociado al narcotráfico y contrabando de combustible con el lado brasilero, sucediendo lo mismo frontera con el lado peruano, siendo que en estas zonas y en otros del país ha ido asociándose el trueque de oro por cocaína, vehículos robados, tráfico de personas, crímenes de por medio y un contrabando, donde poblados enteros enfrentan al control aduanero fronterizo del ejército.
Colofón: antes, comunidades originarias defendían los recursos naturales de la salvaje explotación aurífera transnacional; hoy, los mismos, son los crueles depredadores de La Pachamama, en empatía con “los vendepatrias, neoliberales y gamonales” qué: explotaron, explotan y explotarán oro, sin pagar regalías justas y sin dar cuenta del daño ambiental que causan. Entre contaminantes, contrabando, narcotráfico, trafico de personas y explotación de oro no tributario y la política, se ha construido un entretejido perverso y criminal, contra las personas y la biodiversidad, mientras, son inexistentes las políticas públicas por conservar las fuentes de agua para consumo humano y la producción, tan necesarias en esta época de carestías severas del vital líquido elemento. La “oposición”, en este contexto, ¡¿tiene un plan alternativo 2025.?!
