La pérdida de casi Bs 70 millones de la renta petrolera, pone en riesgo programas sociales, salud, educación, desarrollo productivo que están bajo la administración departamental
Gabriel Morales E./Bolinfo/Tarija
(elPeriódico-Agosto, 31/2022) Con el anuncio de la reducción de ingresos provenientes de la renta petrolera para el departamento de Tarija, la planificación institucional del Gobierno Departamental promete dar mucho que hablar en el terreno político, partiendo del punto de que el plan operativo anual (POA) para el 2023, debe pasar por la Asamblea Departamental antes de ser aprobado mediante una ley y, posteriormente, remitido al Ministerio de Economía y Finanzas.
La bancada de Unidos, por su parte, ratificó este martes que el nuevo factor de distribución del campo Margarita-Huacaya obliga a repensar el destino de los recursos económicos que se manejará en la próxima gestión, toda vez que gran parte de los programas sociales se nutren justamente del rentismo.
“La variable de ajuste es el presupuesto anual, el cumplimiento de las leyes se prioriza en la práctica cuando se aprueba el presupuesto, es ahí cuando se define qué leyes se pueden financiar y qué leyes no, en qué proporción, eso está ocurriendo en la práctica, más allá de que hayan leyes promulgadas, están dependiendo de las disponibilidades financieras del Gobierno Departamental y eso se expresa en presupuesto”, declaró en la víspera el jefe de bancada de Unidos, Mauricio Lea Plaza.
Respecto a la intención del Ejecutivo de que se abrogue o derogue un paquete de leyes en virtud de la iliquidez que atraviesa y con un panorama poco esperanzador, el asambleísta respondió que el gobernador, Oscar Montes, debe hacer llegar un proyecto de ley para ello.
Sectores sociales como las centrales campesinas, exigen mayor participación en el POA 2023 y están exigiendo al Movimiento Al Socialismo (MAS) gestionar aquello.
elAPUNTE
Pronósticos
Según pronosticó el secretario de Desarrollo Productivo del Gobierno Departamental, Efraín Rivera, Tarija perderá aproximadamente unos $us 10 millones al año por el nuevo factor de distribución de Margarita-Huacaya, aún habiendo observado la falta de sustento técnico para demostrar la modificación porcentual de reservorios y la inexistencia de nuevos pozos para establecer con claridad los volúmenes, manejados por la empresa DeGolyer & McNaughton.
