El asambleísta departamental Marco Gutiérrez advirtió sobre las restricciones financieras de Tarija y planteó que cualquier nueva política social debe considerar la disponibilidad real de recursos y evitar afectar otros servicios y programas.
Redacción Central/El Periódico/25-08-2026.- El debate sobre el destino de los recursos públicos volvió a instalarse en la Asamblea Legislativa Departamental de Tarija, luego de que el asambleísta Marco Gutiérrez, de Camino Democrático para el Cambio (CDC), cuestionara la posibilidad de concentrar 90 millones de bolivianos en un solo programa social.
La observación surge en un escenario marcado por restricciones presupuestarias y una reducción de los ingresos que administra la Gobernación, situación que obliga a priorizar el uso de los recursos disponibles para atender diferentes áreas de competencia departamental.
Gutiérrez planteó que una asignación de esa magnitud para una sola iniciativa tendría efectos sobre otros sectores que también requieren financiamiento. En ese contexto, consideró necesario que las propuestas sociales sean evaluadas no solamente por su impacto inmediato, sino también por su capacidad de mantenerse en el tiempo sin comprometer otras obligaciones institucionales.
El asambleísta también puso en discusión la generación de expectativas entre la población a partir de iniciativas que no tendrían garantizada su sostenibilidad financiera. Para Gutiérrez, cualquier medida destinada a ampliar beneficios sociales debe partir de un análisis de la situación económica del departamento y de las posibilidades reales de la administración departamental.
La controversia tiene como uno de sus puntos centrales la atención de las necesidades alimentarias de sectores vulnerables. En ese marco, el legislador departamental respaldó la continuidad de la Canasta Alimentaria, considerada una de las políticas sociales que requiere previsión presupuestaria para garantizar su ejecución.
La discusión plantea, de esta manera, la necesidad de establecer prioridades frente a un escenario de menores ingresos y mayores demandas sociales. Para la Asamblea Legislativa Departamental, las decisiones presupuestarias deben tomar en cuenta tanto los programas existentes como las nuevas iniciativas que puedan plantearse durante la gestión.
La asignación de recursos para programas sociales se encuentra vinculada además con otras obligaciones de la Gobernación, entre ellas proyectos de infraestructura, atención de servicios, apoyo a sectores productivos y compromisos institucionales. Una modificación importante en la distribución presupuestaria puede repercutir en la capacidad de ejecución de esas áreas.
Gutiérrez demandó que las propuestas destinadas a beneficiar a la población sean formuladas tomando como referencia la situación económica actual de Tarija. El planteamiento apunta a que los proyectos sociales cuenten con respaldo financiero suficiente y no dependan únicamente de decisiones coyunturales.
El debate también vuelve a poner sobre la mesa la necesidad de transparentar el origen y la disponibilidad de los recursos antes de aprobar nuevas obligaciones presupuestarias. En un contexto de limitaciones económicas, la definición de prioridades adquiere mayor relevancia para evitar que determinados programas terminen desplazando otros compromisos de la administración departamental.
La discusión sobre los 90 millones de bolivianos refleja así una tensión recurrente entre la necesidad de ampliar la protección social y las restricciones que enfrenta el presupuesto público. Mientras las demandas de la población aumentan, las autoridades departamentales deben definir qué programas pueden ser financiados de manera permanente y cuáles requieren ajustes para adecuarse a la capacidad económica existente.
El llamado del asambleísta se orienta a que las decisiones sobre políticas sociales sean acompañadas por una planificación financiera que permita garantizar su continuidad. La protección de la Canasta Alimentaria, junto con la atención de otras obligaciones departamentales, forma parte de una discusión que deberá ser considerada al momento de establecer las prioridades presupuestarias de Tarija.