Escribe: Roberto Márquez
La reciente tentativa de feminicidio contra la activista Nadia Beller en Santa Cruz -que derivó en la aprehensión del estratega argentino Fernando Cerimedo- ha desatado una ofensiva política de proporciones mayúsculas.
Lejos de quedar en el ámbito de la crónica policial, el suceso fue inmediatamente instrumentalizado por el bloque radical del Trópico de Cochabamba para activar una estrategia de guerra híbrida y desestabilización contra el gobierno democrático de Rodrigo Paz. Ante este asedio coordinado, la administración central y las instituciones del Estado deben actuar con extrema firmeza, pues la desinformación y la verborragia de la prensa funcional al evismo solo buscan paralizar la acción de la justicia.
La sincronización de esta estrategia traspasa las fronteras nacionales. De manera sospechosamente rápida, hasta la presidencia de México -alineada ideológicamente con los remanentes del socialismo del siglo XXI- se pronunció sobre los acontecimientos en Bolivia, haciendo coro a la misma retórica victimista y confrontacional impulsada por los sectores afines al masismo.
A esta intervención a miles de kilómetros se sumó el propio Evo Morales, quien en un alarde de extrema hipocresía se atrevió a manifestar públicamente que, si estuviera en el lugar del actual mandatario, renunciaría «por moral». Resulta intolerable que un personaje con cuentas pendientes ante la justicia y cuestionamientos profundos intente dar lecciones de ética y socavar la autoridad presidencial.
Esta falsedad discursiva busca confundir a la ciudadanía: mientras los círculos radicales ligados al populismo de hace 20 años tildan al gobierno de estar supuestamente manipulado, se despliegan relatos que persiguen el mismo fin: desgastar a la institucionalidad democrática para entorpecer cualquier investigación profunda, utilizando la mentira sistemática como un arma para ocultar la verdadera naturaleza de las redes que hoy se sienten amenazadas.
Detrás de este estrépito propagandístico se esconde una reacción fascistoide de supervivencia corporativa.
La decisión del gobierno de Rodrigo Paz de reinsertar al país en las coordenadas de la seguridad hemisférica -a través de iniciativas como el Escudo de las Américas y el retorno de la cooperación de la DEA- representa una amenaza existencial para las redes transnacionales que controlan el tráfico de oro ilegal, los avasallamientos de tierras, el contrabando y el narcotráfico.
Las estructuras que obedecen al mandato del Chapare no defienden la democracia ni los derechos ciudadanos; defienden un modelo de impunidad y blanqueo de capitales consolidado durante dos décadas de desinstitucionalizacion.
Saben perfectamente que el restablecimiento del Estado de derecho y la fiscalización internacional cercan sus rutas financieras, por lo que responden con sabotaje comunicacional y agitación callejera. La administración debe comprender que cualquier vacilación frente a estas mafias es interpretada como debilidad institucional.
Ante este escenario de asedio híbrido, la necesidad de una transformación profunda es evidente. Para frenar la parálisis judicial inducida por la propaganda y la injerencia de poderes fácticos, es imperativo limpiar de raíz las estructuras vulnerables de seguridad.
El Estado debe dotarse de mecanismos de élite, libres de interferencias y respaldados por una estricta cooperación internacional, para desmantelar de una vez por todas a estas redes criminales que pretenden someter a la nación mediante el chantaje y el caos.
La soberanía nacional debe blindarse, y la justicia, hoy más que nunca, tiene la obligación histórica de demostrar que su acción no es negociable frente al crimen organizado.