La información es de la denunciante, asambleísta Romina Salazar Cazón, de uso de maquinaria del Estado para mejorar terrenos particulares en el área de influencia.
Redacción Central/Bolinfo/Tarija//El Periódico-Enero-20-2026.-
El gobernador Oscar Montes Barzón y el gerente del proyecto San Jacinto, José Valdez Bustos, están siendo llevados a juicio penal tras la denuncia de la asambleísta del MAS, Romina Salazar Cazón.
La legisladora denunció uso de bienes del Estado, maquinaria del proyecto San Jacinto, en el mejoramiento de terrenos particulares, mencionó a la esposa de la autoridad, Ruth Ponce y su hermano, Moisés Ponce.
La asambleísta mostró la notificación del juzgado que menciona el 20 de febrero como fecha de inicio del juicio penal, el delito es que efectuaron esta mejora sin estar afiliados en la asociación de regantes de San Jacinto.
“He presentado la certificación que demuestra eso”, afirmó al recordar que la denuncia efectuó el año pasado, en noviembre se dio la acusación y ahora la juez notifica para el inicio del juicio oral y contradictorio.
“El delito es uso indebido de bienes y servicios públicos e incumplimiento de deberes”, afirmó la legisladora, al añadir que como asambleísta solo está cumpliendo su labor de fiscalización y que actuó en este caso de forma objetiva y coherente.
“Y respaldándose con toda la normativa legal que corresponde”, agregó al manifestar que no puede ser que al ser autoridad se utilice maquinaria, personal y otros, para fines propios y particulares como se vio en este caso.
Salazar dijo que se pasaron todas las etapas en el Ministerio Público, agregó al añadir que no puede dejarse en indefensión a la población, las autoridades tienen que velar que los recursos del departamento, no sean usados de manera irregular
EL APUNTE
No conocetodavía
Consultado sobre la versión de la asambleísta, el gobernador de Tarija, Oscar Montes Barzón, respondió no conocer todavía la notificación, dio a entender que en cuanto tenga información oficial, dará a conocer su posición.
Salazar Cazón es una de las más duras críticas de la gestión del actual gobernador, no solamente en este tema, también asumió acciones de fiscalización sobre el Sedeca, compra de asfalto por esta entidad, entre otros asuntos.