Declara en emergencia a la Alcaldía de Tarija. Torres advirtió que la medida del Gobierno nacional compromete servicios esenciales, el inicio del año escolar, la provisión de medicamentos y la estabilidad laboral de cientos de consultores en línea.
Redacción Central/El Periódico/Tarija 08-01-2026.- El alcalde de Tarija, Johnny Torres, cuestionó con dureza la determinación del Gobierno nacional de limitar al 20% la disposición y uso del presupuesto 2026 de gobernaciones y alcaldías de todo el país, calificando la medida como “totalmente anti autonómica” y contraria al espíritu de la descentralización consagrada en la normativa vigente.
Desde la perspectiva del burgomaestre tarijeño, la disposición gubernamental refleja una delicada situación financiera del nivel central del Estado. “Lo que el Gobierno está mostrando es que no tiene dinero y, en los hechos, está tomando prestados recursos de los gobiernos departamentales y municipales para poder seguir funcionando hasta generar ingresos”, afirmó Torres, al advertir que esta restricción traslada la crisis fiscal a las entidades subnacionales.
El alcalde informó que, a raíz de esta determinación, la Alcaldía de Tarija se declaró en estado de emergencia y exhortó al Gobierno nacional a abrogar la medida de manera inmediata. “Mientras más tiempo pase, las consecuencias serán graves e irreversibles”, alertó, al subrayar que la planificación y ejecución de gastos esenciales ya se encuentran comprometidas.
Entre los ejemplos expuestos, Torres mencionó la urgencia de licitar y adquirir insumos, mobiliario y otros enseres indispensables para garantizar el inicio de las labores escolares previstas para febrero, así como la compra oportuna de medicamentos para los distintos centros de salud del municipio. A ello se suma —dijo— la necesidad de renovar contratos laborales de cientos de consultores en línea, quienes podrían iniciar acciones legales si no se concretan los pagos y renovaciones correspondientes.
En ese contexto, el alcalde recordó que recibió la administración municipal con cerca de 1.500 consultores en línea, cifra que logró reducir a aproximadamente 750, como parte de un proceso de racionalización del gasto. Sin embargo, advirtió que la actual restricción presupuestaria pone en riesgo la continuidad de ese personal y la prestación de servicios.
Torres añadió que la medida también afecta la adquisición de combustibles necesarios para el funcionamiento operativo del municipio, un problema que se ve agravado por el incremento de precios derivado del Decreto Supremo 5503. Finalmente, reiteró su llamado al Gobierno nacional para revisar la disposición y preservar la autonomía financiera de los gobiernos subnacionales.