La audiencia de Arce fue virtual y arrancó a las 11.40, en instalaciones de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen (FELCC), donde el expresidente pasó dos noches, luego de ser aprehendido la tarde de martes.
Tras la audiencia cautelar, la justicia determinó cinco meses de detención preventiva, en la cárcel de San Pedro, para el expresidente Luis Arce.
La audiencia de Arce fue virtual y arrancó a las 11.40, en instalaciones de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen (FELCC), donde el expresidente pasó dos noches, luego de ser aprehendido la tarde de martes.
“En esta intervención quiero hacer notar lo irregular e ilegal de mi aprehensión”, expresó Arce en la misma, tras precisar que el día de su detención, cinco encapuchados lo subieron a un minibús sin presentar una orden oficial. El exmandatario defendió su inocencia y catalogó las acusaciones en su contra como “claramente políticas”.
Durante la misma, la Fiscalía solicitó su detención preventiva en el penal de menores de Qalahuma. Empero, la parte denunciante pidió seis, pero a cumplirse en el penal de San Pedro.
En apoyo, el Viceministerio de Transparencia y la Procuraduría General del Estado alegaron el riesgo de fuga de Arce. Incluso, pusieron en duda la existencia de un domicilio fijo y alertaron del riesgo de que el exmandatario aún influya en las investigaciones.
Al respecto, Arce sumó que le resulta “inadmisible” que se ponga en duda la existencia de su domicilio y empleo, cuando todos tienen conocimiento de que dicta clases en la UMSA. Para el exjefe de Estado, el Gobierno de Rodrigo Paz “busca chivos expiatorios”.
Por su parte, la defensa legal de Arce pidió libertad pura y simple, alegando que el exmandatario tiene cáncer terminal.
IMPUTACIÓN
La audiencia tuvo lugar luego de que ayer, la Fiscalía imputó formalmente al expresidente por los presuntos delitos de incumplimiento de deberes y conducta antieconómica.
De acuerdo al fiscal del caso Fondo Indígena, Miguel Cardozo, existieron más de 3.500 proyectos que fueron financiados por el Ministerio de Economía entonces dirigido por Arce, de los cuales, “ni la mitad” fueron concluidos.
A ello se suma que se evidenciaron desembolsos a cuentas particulares de dirigentes que han sido “autorizaos y no controlados” por Arce. Inicialmente, el daño económico por ello ascendería a 925 millones de bolivianos.
En el marco de esta investigación, existen otras cinco órdenes de detención que se encuentran en manos de la Policía.
FUENTE OPINIÓN