Bolivia enfrenta uno de los momentos económicos más delicados de las últimas dos décadas. La escasez de dólares, el desabastecimiento de combustibles, el deterioro de la producción interna y la pérdida de confianza en las instituciones económicas han creado un escenario de alta incertidumbre. El nuevo gobierno asume la responsabilidad de encarar esta crisis con decisiones rápidas, firmes y coherentes, que devuelvan al país la estabilidad y la previsibilidad que hoy se han perdido.
Se debe restablecer la confianza en la política económica. Sin confianza, no hay inversión ni crédito posible. Para ello, el gobierno debe presentar un plan económico integral y transparente, que combine medidas de corto plazo para aliviar la escasez de divisas y combustibles, con estrategias de mediano plazo orientadas a la recuperación productiva y exportadora. Es fundamental que este plan esté respaldado por técnicos con solvencia y credibilidad, y no condicionado por cálculos políticos o intereses partidarios.
Resulta urgente liberar gradualmente el flujo de divisas y normalizar el mercado cambiario, hoy distorsionado por múltiples tipos de cambio. La existencia de un dólar oficial, otro paralelo y mecanismos informales solo profundiza la desconfianza y fomenta la especulación. Unificar el tipo de cambio, aunque de manera paulatina, permitiría reducir la brecha y dar señales claras al sector privado, siempre acompañando la medida con políticas de contención inflacionaria y apoyo a los sectores más vulnerables.
Otro frente ineludible es el sincerar la política de subsidios a los combustibles, que consume miles de millones de dólares cada año y ha dejado al Estado sin margen de maniobra fiscal. No se trata de eliminar los subsidios de golpe, sino de rediseñarlos con criterios de justicia y eficiencia: focalizarlos en el transporte público, la producción agrícola y los sectores populares, evitando que beneficien a contrabandistas o grandes importadores. Paralelamente, el país debe avanzar hacia fuentes alternativas de energía —biocombustibles, hidroelectricidad y gas natural comprimido— que reduzcan la dependencia del diésel y la gasolina importada.
Asimismo, reactivar el aparato productivo debe ser una prioridad nacional. La agricultura, la minería y la industria manufacturera necesitan incentivos, crédito y seguridad jurídica para volver a generar empleo y exportaciones. En este sentido, urge mejorar la relación con el sector privado, no desde la confrontación ideológica, sino desde la concertación productiva. Solo con una alianza público-privada sólida se podrá recuperar la base económica que hoy está erosionada.
Cualquier esfuerzo será insuficiente si no se enfrenta el déficit fiscal y la creciente deuda pública. La administración del gasto debe ser austera y transparente. El Estado debe concentrarse en invertir donde genera desarrollo y empleo, evitando duplicaciones institucionales, burocracia improductiva y proyectos sin rentabilidad social.
Bolivia necesita decisiones valientes y un liderazgo con visión de país, no de coyuntura.