Los municipios de Bolivia han levantado la voz en rechazo al censo de población y vivienda realizado en 2024. No se trata de un capricho político ni de una simple disputa técnica: detrás de este cuestionamiento hay una preocupación legítima por la confiabilidad de los datos y por las consecuencias directas que estos tienen en la distribución de recursos y en la planificación del desarrollo.
El censo es la herramienta más importante para conocer cuántos somos, dónde vivimos y en qué condiciones. De sus resultados dependen la coparticipación tributaria, la asignación de presupuestos a los municipios, la delimitación de escaños legislativos y las políticas públicas en salud, educación y vivienda. Si la información que arroja es incompleta, deficiente o poco transparente, todo el andamiaje de gestión pública se tambalea.
Los alcaldes denuncian inconsistencias metodológicas, fallas en la cobertura y una notoria falta de transparencia en el proceso censal de 2024. En muchos municipios se reportaron viviendas no empadronadas, comunidades enteras omitidas y una deficiente capacitación de los empadronadores. Estas fallas, en un país tan diverso y disperso como Bolivia, no son detalles menores: significan menos recursos para las regiones y, en consecuencia, menos obras, menos servicios y más desigualdad.
El trasfondo de esta disputa es eminentemente económico y social. Los municipios se sienten golpeados porque, de aceptarse sin cuestionamientos los datos del último censo, deberán administrar cada vez más necesidades con menos fondos. La lucha no es por estadísticas, sino por la supervivencia de la gestión local. Un municipio que recibe menos recursos no puede garantizar agua potable, alcantarillado, carreteras, escuelas o centros de salud. En otras palabras, se limita el derecho de los ciudadanos a una vida digna.
Frente a esta situación, los municipios exigen un nuevo censo, técnicamente sólido, transparente y con observación independiente que genere confianza en los resultados. No hacerlo significa perpetuar un error que tendrá consecuencias durante más de una década, profundizando los desequilibrios regionales y las tensiones sociales.
Bolivia necesita un censo que una, no que divida. Uno que permita planificar el futuro con información real y no con estadísticas cuestionadas.