La Ley de Planimetrías, que por años rigió en la ciudad de Tarija, fue concebida como una herramienta para ordenar el crecimiento urbano, dotar de seguridad jurídica a los propietarios de lotes y abrir la puerta a la planificación territorial de manera más integral. Hoy, con su pérdida de vigencia, corresponde mirar atrás para reconocer sus aportes, pero también para asumir los errores que dejaron consecuencias visibles en la mancha urbana de la capital chapaca.
En su lado positivo, la norma permitió que miles de familias regularicen su derecho propietario. En una ciudad donde la urbanización muchas veces avanzó más rápido que la planificación, la ley dio respuesta a una necesidad social urgente: otorgar títulos de propiedad y con ello acceso a servicios básicos, créditos bancarios y mayor seguridad patrimonial. Para muchos vecinos, esta fue la vía para dejar la informalidad y asentarse con cierta tranquilidad en barrios que antes eran considerados “irregulares”.
Sin embargo, el costo de esa apertura normativa también se dejó sentir. Al priorizar la regularización sobre la planificación, la ley terminó legitimando el crecimiento desordenado de la ciudad. Barrios nacieron sin una adecuada previsión de áreas verdes, equipamiento público, vías de acceso o sistemas de drenaje pluvial. En los hechos, se convalidaron asentamientos sin condiciones mínimas de habitabilidad, trasladando al futuro —y por ende a los gobiernos municipales venideros— la carga de resolver problemas de infraestructura que hoy son urgentes.
Lo más cuestionable es que la norma abrió la puerta a intereses especulativos. Loteadores y avasalladores encontraron un terreno fértil para parcelar sin control, confiados en que tarde o temprano llegaría una nueva regularización. Así, en lugar de fortalecer la planificación urbana, la ley debilitó la autoridad municipal y generó un incentivo perverso: urbanizar primero y planificar después.
Con la caducidad de la ley, Tarija enfrenta un dilema crucial. No se trata de volver a los vacíos legales que impiden a los vecinos acceder a su derecho propietario, pero tampoco de repetir el error de normativas que legitiman el caos urbano. El desafío está en encontrar un equilibrio: una política que combine la seguridad jurídica de los habitantes con la responsabilidad de construir una ciudad ordenada, inclusiva y sostenible.
La lección es clara: las leyes no deben ser solo respuestas coyunturales a demandas sociales, sino instrumentos de planificación de largo plazo. Tarija ya pagó caro por priorizar la inmediatez.