Bolivia se encuentra en la antesala de un proceso electoral crucial, en un contexto de polarización creciente, descrédito institucional y un ecosistema digital donde las redes sociales multiplican tanto las voces ciudadanas como la desinformación. Ante esta realidad, es urgente plantear un debate nacional sobre cómo evitar que el escenario electoral se infecte de guerra sucia y noticias falsas, dos fenómenos que distorsionan la voluntad popular, erosionan la democracia y siembran desconfianza entre ciudadanos.
La guerra sucia en campañas electorales —entendida como el uso de ataques personales, calumnias, manipulaciones o filtraciones malintencionadas— no es una novedad en la política boliviana. Sin embargo, su alcance se ha multiplicado peligrosamente en la era digital. Hoy, una mentira bien diseñada y difundida en redes puede hacer más daño en una hora que una cadena nacional. Esta forma de hacer política no solo desacredita a los candidatos, sino que contamina el debate público y trivializa los temas verdaderamente importantes para el país.
A esto se suma el uso de fake news o noticias falsas: montajes, titulares engañosos, videos editados y campañas de desinformación que se viralizan rápidamente y llegan a millones de personas sin filtros ni verificaciones. Muchas veces estas campañas son orquestadas por operadores políticos anónimos, desde cuentas falsas, utilizando inteligencia artificial para producir contenido verosímil, pero totalmente ficticio. La población, sin herramientas suficientes para discernir entre lo verdadero y lo falso, termina siendo víctima de manipulación.
Corresponde a los actores políticos asumir una ética de campaña clara. No basta con condenar la guerra sucia de los otros; cada partido debe comprometerse públicamente a no utilizarla y a sancionar internamente a quienes la promuevan. El Tribunal Supremo Electoral (TSE) debe reforzar sus mecanismos de monitoreo digital y establecer sanciones efectivas para quienes difundan información falsa o campañas difamatorias. El marco normativo existe, pero su aplicación ha sido débil y tardía.
Los medios de comunicación y las plataformas digitales tienen un rol decisivo. Es imprescindible que se fortalezcan los sistemas de verificación de datos (fact-checking) y se dé visibilidad a contenidos verificados, confiables y plurales. Asimismo, se debe exigir mayor transparencia a las redes sociales sobre quién financia los anuncios políticos y cómo se segmenta su distribución.
Por último, pero no menos importante, está la ciudadanía. Sin un electorado crítico, informado y comprometido con la verdad, ninguna regulación será suficiente. Es momento de fomentar la educación mediática y digital, especialmente entre los jóvenes, para que no se dejen arrastrar por el sensacionalismo ni se conviertan en replicadores inconscientes de la mentira.