Redacción Central/Bolinfo/
El Periódico – julio 7, 2025 –
La decana del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Rosmery Ruiz Martínez, ha desatado una controversia al denunciar públicamente en Tarija un presunto plan para destituirla de su cargo como magistrada titular por este departamento. La magistrada afirmó que dicho complot habría sido gestado en una reunión celebrada el pasado 14 de abril en Tarija, en la que participaron el magistrado suplente Grover Mita, el exministro César Siles, el procurador del Estado Ricardo Condori Tola, y un suplente del Consejo de la Magistratura por La Paz.
Audio revelador y acciones legales anunciadas
Ruiz sostuvo contar con un audio comprometedor en el que, según sus palabras, “uno de los operadores del magistrado Mita afirma que la meta es derrocar a Rosmery Ruiz para que Grover Mita tome el mando”. Esta evidencia, de ser confirmada, daría un giro significativo a la denuncia.
La magistrada informó que está a la espera de reunir todos los elementos probatorios necesarios para presentarse formalmente ante el Ministerio Público en calidad de víctima y anunció que asumirá todas las acciones legales correspondientes. Indicó que, por ahora, el Ministerio Público ya tiene conocimiento del caso y que será la justicia la encargada de establecer las responsabilidades.
Al referirse a las posibles motivaciones detrás de este intento de remoción, Ruiz consideró que el interés principal no sería económico, sino político. Señaló que los nuevos magistrados, incluyendo a ella misma, han marcado una diferencia en el TSJ al trabajar con independencia. «Nosotros solo queremos independencia en nuestro actuar para poder hacer una justicia realmente que la población tenga seguridad jurídica», manifestó la decana, sugiriendo que su postura de autonomía judicial podría ser la razón del presunto plan.
Similitudes con el «Caso Consorcio» en La Paz
La denuncia de la magistrada Ruiz guarda un notable parecido con un caso similar ocurrido en La Paz, denominado «caso consorcio», que ya ha generado una investigación sobre una presunta red de operadores judiciales. En ese caso, se habría intentado destituir a la magistrada del TSJ por La Paz, Fanny Coaquira, para favorecer a su suplente, Iván Campero.
La denuncia en La Paz fue presentada por la Unidad de Transparencia del Consejo de la Magistratura y es investigada por la Fiscalía Departamental bajo reserva. Entre los implicados figuran el expresidente del Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) de La Paz, Yván Córdova; la exvocal de Sala Penal, Claudia Castro; el juez de Coroico, Fernando Lea Plaza; y precisamente el exministro de Justicia, César Siles, quien actualmente tiene una orden de aprehensión por su presunta participación en esa maniobra.
Los delitos atribuidos en el «caso consorcio» incluyen consorcio, tráfico de influencias y falsificación de documentos, con varios acusados bajo detención preventiva o arresto domiciliario. La mención directa del exministro César Siles en ambas denuncias sugiere un patrón de conducta y una posible vinculación entre los eventos en La Paz y Tarija, intensificando la gravedad de la situación y la necesidad de una investigación exhaustiva.
Elección popular y contexto político-judicial
Rosmery Ruiz Martínez fue elegida magistrada titular de Tarija en las elecciones judiciales del 15 de diciembre, obteniendo un significativo respaldo de 110.606 votos (55,19%). Su suplente, Samuel Mita Aquino (mencionado por Ruiz como Grover Mita en su declaración), obtuvo 64.252 votos (33,51%) en una jornada democrática con una participación del 78,72% en el departamento de Tarija.
Este contexto de elección popular otorga a la denuncia de Ruiz un peso particular, ya que implicaría un intento de desvirtuar la voluntad ciudadana. La situación pone de manifiesto las persistentes tensiones en el Órgano Judicial boliviano, donde las acusaciones de injerencia política y las disputas por el poder continúan siendo un desafío para la independencia y la seguridad jurídica.