En medio de un creciente clima de tensión entre el sector gremial y el Gobierno boliviano, el dirigente de la Confederación de Gremiales de Bolivia, Juan Carlos García, ha denunciado que los llamados a movilizaciones por parte de ciertos líderes gremiales responden a intereses políticos de la derecha, quienes intentan capitalizar el descontento social. Esta situación se produce en el contexto de un diálogo que, según García, se está llevando a cabo entre las organizaciones gremiales y el Gobierno para aclarar las implicaciones del artículo 7 del Presupuesto General del Estado (PGE), el cual se encuentra en el centro de la controversia.
El artículo en cuestión, que entró en vigencia el 1 de enero, establece la facultad de las autoridades para realizar controles y, en caso de ser necesario, incautar mercadería que se almacene, retenga o se pretenda encarecer de forma ilegal. García enfatizó que este artículo ha sido malinterpretado, generando miedo entre los gremialistas, quienes temen que sus productos sean confiscados. En un video difundido en redes sociales, el dirigente destacó que estas afirmaciones erróneas están creando confusión y desinformación en el pueblo boliviano, lo que afecta la estabilidad del sector y la economía informal que muchos gremialistas representan.
Por su parte, el dirigente de gremiales en El Alto, Antonio Siñani, ha sido uno de los principales convocadores a movilizaciones, argumentando que el nuevo PGE genera un impacto negativo en los intereses de los comerciantes. Sin embargo, no ha proporcionado detalles concretos sobre cómo se verían afectados, lo que ha llevado a un debate interno entre diferentes líderes del sector sobre la dirección a seguir. Esta falta de claridad ha alimentado la polarización entre aquellos que buscan un entendimiento pacífico y los que optan por la confrontación.
El viceministro de Defensa de los Derechos del Usuario y el Consumidor, Jorge Silva, ha defendido la disposición, aclarando que esta no está dirigida a los pequeños comerciantes y gremialistas, sino a aquellos involucrados en la práctica del contrabando, un fenómeno que ha afectado gravemente la economía boliviana al desestabilizar precios y afectar la oferta de productos locales. Silva ha subrayado que las medidas son necesarias para combatir la especulación y asegurar que los productos lleguen a los consumidores a precios justos.
En este contexto, García ha reiterado su compromiso de trabajar conjuntamente con el Gobierno, indicando que se han establecido mesas técnicas para abordar las inquietudes del sector. El dirigente ha hecho un llamado a la calma, instando a los gremialistas a no dejarse llevar por movimientos que buscan generar caos y desestabilizar al Gobierno. «No estamos convocando a marchas, no estamos convocando a bloqueos», enfatizó, advirtiendo que algunos líderes están intentando manipular la situación con fines políticos.
La situación plantea un desafío significativo para el Gobierno, que deberá manejar con destreza la relación con los gremialistas, un sector clave en la economía nacional que representa una parte considerable del comercio informal. La resolución de este conflicto dependerá de la capacidad de ambas partes para dialogar y encontrar un terreno común, evitando que intereses externos intervengan en una situación que podría escalar si no se aborda de manera adecuada. El futuro del diálogo y la estabilidad en los mercados dependerán del éxito en la comunicación y en la construcción de confianza entre el Gobierno y los gremialistas, que en su mayoría buscan asegurar su sustento diario en un entorno económico complicado.