El Ministerio de Salud ha dado un paso significativo en beneficio de las personas con discapacidad al aprobar un Decreto Supremo que extiende la vigencia del carnet de discapacidad moderada y grave a seis años. Esta medida, anunciada por la ministra de Salud, Maria Renée Castro, durante el primer Gabinete Ministerial del año, busca facilitar los trámites y procedimientos para este sector de la población, garantizando así el ejercicio efectivo de sus derechos.
De acuerdo con lo informado por la ministra Castro en una conferencia de prensa, los carnets vencidos de personas con discapacidad moderada y grave podrán ser renovados y tendrán validez hasta el 31 de diciembre de 2025. Por su parte, las personas con discapacidad muy grave ya cuentan con un carnet indefinido, lo que les otorga una mayor seguridad y estabilidad en cuanto a la documentación necesaria para acceder a beneficios y servicios específicos.
Uno de los aspectos más relevantes de este decreto es la instrucción al Ministerio de Salud para desburocratizar los trámites y agilizar los procedimientos relacionados con la calificación, registro y carnetización de la discapacidad. En este sentido, se ha establecido un plazo máximo de tres días hábiles para llevar a cabo estos procesos, lo que representa un avance significativo en la simplificación de los trámites para las personas con discapacidad.
Según datos oficiales, alrededor de 38.000 personas se encontraban con el carnet de discapacidad vencido, lo que ponía en riesgo sus derechos y beneficios asociados a su condición. Gracias a esta medida, estas personas podrán mantener vigentes sus derechos y acceder a los servicios y apoyos necesarios para garantizar su bienestar.
En el país, se estima que más de 114.000 personas presentan algún tipo de discapacidad, por lo que esta iniciativa del Ministerio de Salud representa un avance significativo en la protección y promoción de los derechos de este sector de la población. Se espera que la implementación de este decreto contribuya a mejorar la calidad de vida y la inclusión de las personas con discapacidad en la sociedad, cumpliendo con los principios de igualdad y no discriminación establecidos en la Constitución Política del Estado.