El viceministro de Defensa del Consumidor, Jorge Silva, informó que, durante la reunión de la Subcomisión de Avasallamientos que funciona en el marco de la Cumbre de la Justicia, se ha identificado que organizaciones criminales operan el avasallamiento de tierras que afecta a los departamentos de Santa Cruz, Cochabamba, La Paz y Potosí.
Indicó que a esa conclusión llegaron las autoridades del Tribunal Agroambiental, Consejo de la Magistratura, Fiscalía General del Estado, Policía Boliviana, Ministerio de Gobierno y todas las instituciones involucradas en este tema, para lo cual conformaron dos subcomisiones que comenzaron a trabajar para ver las alternativas de solución.
La subcomisión decidió avanzar en el problema estructural porque, según dijo Silva, el país está frente a “organizaciones criminales, en las cuales están involucradas exautoridades, exdiputados que se han vuelto notarios, fiscales, jueces, policías, dirigentes vecinales y comunarios”.
Precisó que el primer problema es la institucionalidad de Derechos Reales, cuya ley data de 1887 y que genera una complejidad de problemas e inseguridad jurídica en la repartición de tierras. Explicó que toda esa estructura respalda a los delincuentes que protagonizan delitos de avasallamientos.
Por ese motivo, determinaron iniciar estudios para cambiar estructuralmente la oficina de Derechos Reales, dar continuar a los procesos penales e iniciar nuevos procesos contra los autores.
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