Eduardo Claure
En Latinoamérica, los antecedentes de la discusión acerca de las “autonomías indígenas” se hallan en los debates que diversos organismos internacionales, como la OIT, emprendieron sobre los derechos de estos pueblos a la determinación y el autogobierno. En Bolivia, esa polémica adquiere carácter muy particular, porque la palabra y el tema, “autonomía”, fueron incorporados en el debate político ideológico de la “clase política” que la utilizaron como consigna y bandera de “reivindicaciones locales”, o rearticulación de poderes, “amenazados” por la insurgencia del movimiento popular y fundamentalmente por la Marcha Indígena de Tierra Bajas, que, desde el oriente caminaron 900 kms. hasta llegar a la sede de gobierno en 1990, exigiendo una Asamblea Constituyente para que se incorporen sus Derechos. El alcance de las propuestas y reflexiones de las organizaciones indígenas y movimientos sociales o populares, que enfrentaron el desafío de resignificar el concepto “autonomía indígena”, encontraban una vía posible al proponer que en la nueva CPE, debía incorporarse en el cuerpo normativo, la participación y articulación real entre las TCO autónomas -Tierras Comunitarias de Origen- y una Asamblea Legislativa Bicamaral, que remplazaría al entonces Congreso Nacional de la Republica, en tanto esa visión, era la estructura institucional para la transformación del Estado. Las estrategias políticas de este “movimiento indígena y campesino”, no giraban en torno a movilizaciones masivas ni a acciones directas, sino, predominantemente alrededor de la lucha legal mediada por la estructura organizativa institucionalizada y con una importante presencia de dirigentes indígenas, ONG’s, FMI, BM, OIT y la propia Iglesia. Los partidos políticos de los 70’ y 90’, sin excepción, posteriormente, los que quedaron hasta el 2000 y nuevo siglo, que dio paso al MAS-IPSP, no comprendieron el alcance de las movilizaciones de los pueblos indígenas y del movimiento popular de ese entonces, incluidas las reivindicaciones cívico regionales, que clamaban por una mayor descentralización, mejores regalías, etc.; los intereses del sistema político y sus posturas retrogradas, sin visión ni perspectiva de Bolivia País Único, y las aspiraciones del poder económico regionalizado, cedieron en su afán de acomodar la nueva CPE, vía Asamblea Constituyente, a que se sucedan tres proyectos, aprobando una CPE, entre cuarteles, asonadas y muertos. Sucre, Oruro y La Paz, fueron el escenario.
Desde la primera Constitución Política del Estado en 1826, se realizaron 17 reformas constitucionales. Algunas de ellas sólo fueron de forma, otras fueron de fondo, como la de 1994 que introdujo en el primer Artículo el reconocimiento de Bolivia como país multiétnico/vario cultural y plurinacional. Este proceso se inició con la marcha por la soberanía, dignidad y el territorio que protagonizó la CIDOB (Confederación de Indígenas del Oriente de Boliviano) y sus afiliadas, que desde las regiones del oriente: Beni, Gran Chaco y Santa Cruz llegó hasta la ciudad sede de gobierno en 1990; la segunda, en 1996; el año 2000 se dio la tercera, denominada «Marcha por la Tierra, el Territorio y los Recursos Naturales»; finalmente, en mayo de 2002 la «Marcha por la Soberanía Popular, el Territorio y los Recursos Naturales», fue una sacrificada caminata en la que se combinaron los movimientos campesino e indígena con más de 50 organizaciones sociales; partió de Santa Cruz y llegó hasta La Paz, con inmenso apoyo nacional e internacional. La culminación de esta marcha fue un convenio con el gobierno y los partidos políticos con representación parlamentaria, que comprometieron la viabilidad de realizar una Asamblea Nacional Constituyente, como mecanismo de reforma a la Constitución Política del Estado, que fue, lo que finalmente sucedió. Ante estos sucesos, “la clase política”, no supo tener una lectura política.
Este es el primer texto constitucional sometido a voto popular, resume en su primer artículo el nuevo modelo de Estado. “Bolivia se constituye en un Estado Unitario Social de Derecho Plurinacional Comunitario, libre, independiente, soberano, democrático, intercultural, descentralizado y con autonomías. Bolivia se funda en la pluralidad y el pluralismo político, económico, jurídico, cultural y lingüístico, dentro del proceso integrador del país”, Como Estado plurinacional, reconoce a las 36 nacionalidades indígenas y sus idiomas, planteando un reconocimiento oficial, en la misma condición del castellano. Gobierno central y subnacionales manejarían dos idiomas, uno de ellos indígena. En la nueva CPE, se considera Nación y pueblo indígena originario campesino, a toda la colectividad humana que comparta identidad cultural, idioma, tradición histórica, instituciones, territorialidad y cosmovisión, cuya existencia es anterior a la invasión colonial española; en el marco de la unidad del Estado, las naciones y pueblos indígenas originarios campesinos gozan de los siguientes derechos: A existir libremente; A su identidad cultural, creencia religiosa, espiritualidades, prácticas y costumbres, y a su propia cosmovisión; A que la identidad cultural de cada uno de sus miembros, si así lo desea, se inscriba junto a la ciudadanía boliviana en su cédula de identidad, pasaporte u otros documentos de identificación con validez legal; A la libre determinación y territorialidad; A que sus instituciones sean parte de la estructura general del Estado; A la titulación colectiva de tierras y territorios; A la protección de sus lugares sagrados; A crear y administrar sistemas, medios y redes de comunicación propios; A que sus saberes y conocimientos tradicionales, su medicina tradicional, sus idiomas, sus rituales y sus símbolos y vestimentas sean valorados, respetados y promocionados; A vivir en un medio ambiente sano, con manejo y aprovechamiento adecuado de los ecosistemas; A la propiedad intelectual colectiva de sus saberes, ciencias y conocimientos, así como a su valoración, uso, promoción y desarrollo; A una educación intracultural, intercultural y plurilingüe en todo el sistema educativo; Al sistema de salud universal y gratuito que respete su cosmovisión y prácticas tradicionales; Al ejercicio de sus sistemas políticos, jurídicos y económicos acorde a su cosmovisión; A ser consultados mediante procedimientos apropiados, y en particular a través de sus instituciones, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles. En este marco, se respetará y garantizará el derecho a la consulta previa obligatoria, realizada por el Estado, de buena fe y concertada, respecto a la explotación de los recursos naturales no renovables en el territorio que habitan; A la participación en los beneficios de la explotación de los recursos naturales en sus territorios; A la gestión territorial indígena autónoma, y al uso y aprovechamiento exclusivo de los recursos naturales renovables existentes en su territorio; A la participación en los órganos e instituciones del Estado (Art. 30). Entonces, la vigente CPE, comprende a las naciones y pueblos indígenas originarios no sólo como poblaciones, culturas, saberes plenamente reconocidos, sino también desde la perspectiva de los derechos. No solamente se trata de la declaración de derechos colectivos, sino de un capítulo específico dedicado a los derechos de las Naciones y Pueblos Indígenas Originarios Campesinos. Las naciones y pueblos indígenas forman parte de la estructura de los derechos constitucionales, son armazón de la estructura de la nueva Constitución. Queda explicado qué, sus cambios no son meramente enunciativos, sino que, son fundamentalmente estructurales y establecen una nueva visión asumida a partir que los sujetos sociales para su efectiva participación en el nuevo Estado Plurinacional, son toda la población boliviana en sus plenas identidades, fundamentalmente de pueblos indígenas originarios campesinos, y todo ciudadano cualquiera sea su condición o situación de auto identidad como parte del nuevo Estado Plurinacional.
Esta Carta Maga, modifica todas las anteriores Constituciones, pues establece substancialmente, la participación ciudadana activa como un eje fundamental para su propia aplicación. Se pensaba que esta participación activa de la ciudadanía, sería la fortaleza y el rigor del control social que permitiría su implementación como una CPE definida como un instrumento para el desarrollo, que es exactamente lo contrario que ha sucedido en manos del gobierno del MAS-IPSP, que la propuso y aprobó el año 2009 y, que en el transcurso de 15 años, antes que generar un desarrollo integral, sostenible y sustentable con equilibrios entre área rural y contextos socio espaciales urbanos, un modelo económico de desarrollo plural, comunitario, industrializado y en protección de la Madre Tierra en armonía con los suelos productivos, el agua, la flora y la fauna, más al contrario, provocó nada menos que una serie de aberraciones jurídicas y una aplicación contraria precisamente a sus mandatos. Esta visión, plasmada en el texto constitucional, no fue aplicada de esta forma, sino más bien ha sido violentado el espíritu de esa Ley Magna, con distorsiones agresivas y violentas por hacer prevalecer un modelo extractivista, antes que el fiel cumplimiento a la visión original y aprobada por voto popular en enero de 2009 y que generó violencia hacia las naciones indígenas de tierras bajas y, de las otras comunidades “originarias campesinas”.
Los antecedentes de la vulneración a la CPE, están en las innumerables denuncias que a lo largo de 15 años, sustanciadas por organizaciones políticas, sociales, entidades académicas e incluso internacionales, sucesos que, los medios testimonian lo sucedido en cuanto a vulneraciones severas que han ocurrido en decenas de casos que han inviabilizado la aplicación de la nueva y vigente CPE y, más bien, la han deformado con interpretaciones y acciones que, han provocado aplicaciones perversas de cuanta norma ha sido emitida y/o aplicada, favorables a la corrupción disfrazada en la gestión del Estado Plurinacional. Si bien, los hechos son en la generalidad, específicamente, en el caso de la gestión por los pueblos indígenas y de los recursos naturales renovables, las violaciones normativas son de alta significación, en lo que respecta los actos hacia la naturaleza y los pueblos indígenas y campesinos; tienen la agravante en tanto y en cuanto, fueron “el pilar fundamental y fundacional del Estado Plurinacional”, plasmado en la vigente CPE, que al ser violentada drásticamente, rompen los paradigmas sustentados para la creación del nuevo Estado, como fue planteado y justificado por los gestores y coauspiciadores (Pablo Iglesias y su partido, ONGs españolas, Cuba, Venezuela, Foros de San Paulo y de Puebla), de ese proyecto histórico que fue la realización de la Asamblea Nacional Constituyente de 2007 y culminada entre dinamitazos, muertos, pasando de La Casa de La Libertad a cuarteles, y, que, culminó negociada en el Parlamento el año 2009. En este contexto, las violaciones más execrables de parte del gobierno hacia la vulneración de su propia CPE, han sido los sucesos de la detención violenta de la marcha indígena del TIPNIS, Chaparina, los intentos de construir las represas de El Chepete y El Bala en lugares de alta densidad boscosa, comunitaria y de rica flora y fauna; habiendo trascendido las fronteras, el incendio provocado de 5.000.000 de has. (cinco millones de hectáreas) en la extensa zona de la Chiquitania del departamento de Santa Cruz, entre junio-agosto de 2019, que quemó inmensas áreas de bosques de madera y flora protegida, dando muerte a innumerable cantidad de especies de fauna, crimen denominado como un ECOCIDIO provocado, que permitiría nuevas plantaciones de coca y presencia de los neocolonizadores: los interculturales; otro caso gravísimo, ha sido la acción contemplativa de permitir (pese a existir donaciones europeas para salvarlo y administrado por la Gobernación de Oruro) que el octavo lago más extenso y de altura del mundo, se seque y desertifique: el Lago Poopó ubicado en el Altiplano Central de Bolivia -departamento de Oruro-, además fuente de vida para las comunidades originarias más antiguas y milenarias del continente los Uru Chipaya, Uru Muratos e Iru Itos, para los que el gobierno del MAS.IPSP, nada realizó, más allá que fuese un fenómeno cíclico o del calentamiento global.
Pero, aun hay más, considerando lo siguiente: El MAS-IPSP, articuló en el Pacto de Unidad a la CSUTCB, COB, Interculturales (neocolonizadores cocaleros y cárteles), Bartolinas y otros, que sustituyeron a las reivindicaciones de los pueblos indígenas, y se constituyeron en el brazo operativo de las acciones políticas del submundo narco, que bajo la batuta de los productores de plantaciones de coca del Trópico de Cochabamba y parte de Yungas, dirigieron bajo prebenda y privilegios de los primeros, las políticas hacia el sector, en los que, los indígenas, no figuraron para nada. Más, al contrario, fueron arrinconados a golpes e incendios, en sus propias tierras de origen. El narcotráfico, sus conexiones perversas con los interculturales y otros ligados a los carteles de la droga que operan en el territorio nacional, se convirtieron en los amos de una economía subterránea, que han ampliado la frontera de cultivos de coca, han sometido a sus perversas acciones a sectores empobrecidos del país, que hoy ostentan economías en bonanza dirigida a la degradación humana, sin valores ni principios y, donde prima la Reina Blanca, en sustitución de La Pachamama. En este círculo vicioso de lo perverso, del Mal, la corriente pseudo ideológica de los países del fracasado ALBA, aun intenta someter al Perú, Brasil, Colombia y Chile, trabaja para construir el neo socialismo regional (frente al “imperio del Norte”, que no es el problema, sino los gobiernos del Sur, corruptos y socios del submundo narco) y, que tiene objetivos absolutamente contrapuestos con aquellas reivindicaciones y propuestas que pusieron en la mesa para el tratamiento político, los pueblos indígenas de tierras bajas, comunidades altiplánicas y de valles, que, sustentaban paradigmas sociales, espirituales y de una cosmovisión milenaria que conllevaba principios y valores de gran valía y trascendencia, que sustentó esperanzas, de las cuales, la nueva militancia del Socialismo del Siglo XXI y del malhadado Proceso de Cambio y de quienes lo retroalimentan, nunca tuvieron ni tendrán un ápice de criterio o razonamiento, intelectual, académico, menos telúrico o de una cosmogonía en empatía con la naturaleza profunda indígena y ecológica, más bien, son exponentes de una ignorancia burda, que únicamente utilizó cínicamente -a lo indígena originario campesino- como escalera, y terminó de sepultar como acción de masas sometidas al poder por el poder y substanciar al sub mundo narco, sepultando a los primeros pueblos de Bolivia, además de degenerar y pervertir el concepto acuñado en la vigente CPE, aquello de, “originario campesino”. Este proceso, no solo estigmatizó a pueblos nobles, sino, los esclavizó, degradó y dejó sin esperanzas.
La “redada” contra dirigentes de la oposición en Nicaragua, Guatemala y en Bolivia -incluida la Iglesia- es parte del plan mayor del castro chavismo, los Foros de San Paulo y Puebla, y, del submundo narco; mientras las huestes afines a Morales y por su lado los adláteres de Choquehuanca, van aleccionando mediante sus propias escuelas de capacitación, cada uno con su enfoque, fortaleciendo sus estructuras regionales; una cocalera y la otra más “original, legitima o más auténtica”, para ver, quien llega más fortalecido a su congreso partidario de diciembre, y, ser propuesto como candidato, y si se da, el caso, presidente el 2025, para conmemorar lo que puede ser, la entronización Indígena Originario Campesino, o, el Retorno del Pachakuti, que, finalmente, sepulte a la Republica en su Bicentenario. Entretanto, ambos, dejan que Arce Catacora se desgaste, y deje tras de sí, una gestión desastrosa, que justifique el retorno de cualquiera de ellos y gobierne, sin oposición, el resto de sus vidas. Mientras la “oposición”, sigue distraída defendiéndose de la judicialización política bajo la solapada persecución gestada en el ejecutivo -Morales de por medio- y, accionada por la Asamblea Legislativa Plurinacional. En tanto, la “oposición residual”, deleitándose y apercollando de los pírricos “poderes subnacionales”, su juguete político preferido. En este contexto, el significado del Bicentenario, debiera estar contenido de un espíritu de solidaridad, compromiso hacia la unidad y permanente defensa de la heredad nacional entre todos los bolivianos. El significado del Bicentenario, además de tener una connotación histórica, también debe ser forjadora de la identidad boliviana, y, la autonomía de la Patria con el mensaje y significado del último levantamiento independentista de 1825. Nuestra visión actual debiera recrear los hechos sucedidos hace 200 años, pero con una mirada hacia el futuro que transforme y cambie mentalidades aún estacionadas en el pasado, que discriminan y manipulan los intereses de la población, utilizándolos so pretexto de su reivindicación; debiéramos plantearnos una nueva visión de historia más justa, solidaria, equitativa, digna de ser conmemorada y conductora del mañana. ¡¿Y, la clase política…?!