Por Eduardo Claure
El 2 de febrero del año en curso -2023-, el ejecutivo puso en vigencia un disposición normativa tendiente a poner orden al desbarajuste existente en cuanto atañe a la cuestión del manejo de la “cosa pública”, qué -tanto en el pasado histórico, como en la actualidad-, está siendo manoseada sin medida ni clemencia -como reza la letra de un viejo bolero-, es decir sin límites, sin mirar a quién y sin tener el mínimo escrúpulo de la tenencia confiada, manejo, administración y gestión de los bienes públicos, pues estos pertenecen al Estado Plurinacional y no, a los circunstanciales funcionarios de alto rango y medios, convocados, asignados y/o electos para el mejor destino de la gestión pública, mucho más, cuando la gestión del desarrollo, está en manos y a cargo desde hacen 17 años, de la “reserva moral de la humanidad”, qué, sin embargo, al ver los resultados de aquella promesa de un proceso de cambio, gracias a una verdadera política de desarrollo en una democracia participativa y directa -dijeron- nos llevaría a ser como Suiza en 15 años, pero, de pronto, se siente un sinsabor amargo y emético, de una corrupción en casi todos los niveles y bajo actores de todos los perfiles, responsabilidades y cargos en todo el abanico de las inversiones públicas para el desarrollo. Una sencilla ayuda memoria, el pasado caso FONDIOC y el reciente caso ABC: emblemáticos.
El Decreto Supremo señalado en el titular, tiene siete parágrafos en la parte del Considerando, mencionando al Parágrafo I del Artículo 8 de la CPE; a los Parágrafos I y II del Artículo 6 de la Ley Nº 004; a los numerales 2 y 3 del Artículo 7 de la Ley Nº 004; el Artículo 1 del Decreto Supremo Nº 0214; a la Segunda Reunión Ordinaria del Consejo Nacional de Lucha Contra la Corrupción, Enriquecimiento Ilícito y Legitimación de Ganancias Ilícitas, de 9 de noviembre de 2022; a la Resolución N° 002/2022, de 9 de diciembre de 2022, del Consejo Nacional de Lucha Contra la Corrupción, Enriquecimiento Ilícito y Legitimación de Ganancias Ilícitas; finalizando el Considerando con esta paradigmática decisión de la más alta probidad: “Que es necesario fortalecer la lucha efectiva y decidida contra la corrupción en todos los niveles del Estado y promover la consolidación de una gestión pública transparente, digitalizada y articulada a los sectores de la sociedad, para lo cual se requiere la aprobación de una nueva Política Plurinacional de Lucha Contra la Corrupción”. y finaliza con la clásica “Decreta”, con un taxativo “Artículo Único. – Con la finalidad de fortalecer la lucha efectiva y decidida contra la corrupción en todos los niveles del Estado y la promoción y consolidación de una gestión pública transparente, se aprueba la Política Plurinacional de Lucha Contra la Corrupción “Hacia una nueva gestión pública digitalizada y transparente”, que en Anexo forma parte indisoluble del presente Decreto Supremo”. Asombroso contenido, que denota una templada, diáfana y decidida acción de alta política pública para el manejo de la “cosa pública azul”, sí, azul, por cuanto esta cosa pública, se manosea como si fuese de “su propiedad”. Lo estatal o público no existe en el léxico de quienes son del gobierno/Estado/partido.
En este contexto, el tema de la corrupción, desde el 2006 ha venido registrando más casos de corrupción y de mayores dimensiones que en épocas anteriores, incluyendo las “botas militares” a las que se consideraban como “las peores”, siendo que hoy por hoy -comparativamente-, resultan ser “leves o marginales”. Otro factor que explica el nuevo protagonismo de la corrupción en los debates públicos, en las calles y, que debieran ser académicos, es la creciente importancia otorgada al marco institucional de Bolivia, siendo la corrupción una variable fundamental de su desempeño económico y político, por cuanto es cada vez más necesaria e imperiosa el análisis de esta “patología” con su corrupción, su clientelismo y su criminalidad organizada. La clase política, la sociedad civil y los académicos, debieran realizar una profunda reflexión, desde el punto de vista económico, acerca de las distintas formas que adoptó la corrupción en la era azul, indagando las situaciones que han llevado a los “hermanos” a actuar de manera corrupta, a la sociedad boliviana y a la clase política por tolerar -e incluso, fomentar- estas prácticas, por cuanto la corrupción también tiene implicancias éticas, políticas y sociales y puede ser analizada desde esas perspectivas, por cuanto su afectación al desarrollo y a los valores de la sociedad, son determinantes, en tanto la corrupción tiene un importante efecto negativo en los niveles de inversión, crecimiento, igualdad y bienestar de la economía.
En el contexto de los 17 años transcurridos del “proceso de cambio”, la corrupción resulta de modo natural del proceso de desarrollo político y económico del país, y es cuando la economía comenzó a enriquecerse, aparecieron las rentas abundantes que justifican la corrupción y, posteriormente, cuando el costo alternativo empezó a ser muy alto, se desarrollaron las instituciones que inhibirían y sancionarían a la corrupción: apareció la Ley Marcelo Quiroga Santa Cruz, que se sepa, nunca existió un caso sometido a ella, tampoco a la vieja Contraloría.
En este sentido, el hecho de que la corrupción se haya expandido de manera alarmante en el país declarado de políticas socialistas comunistas marxistas leninistas y comunitarias, nos lleva a pensar que, el avivamiento de la nueva economía capitalista -Bolivia no transmutó a una economía socialista-, propició una tendencia hacia mayores niveles de corrupción en todas las áreas de la administración pública y que las “reformas de una economía blindada” y los altos ingresos de la renta de los hidrocarburos, minerales y otros, favorecieron la expansión de la corrupción, hasta lo inimaginable, mediante una serie de acciones corruptas, entre ellas el robo abierto, la apropiación indebida de fondos o propiedad estatal, el nepotismo y la obtención de favores a amigos o familiares, y el abuso de la autoridad pública con el fin de obtener pagos o beneficios personales, el tráfico de influencias, el uso de información privilegiada, la aceptación de dádivas y regalos, el lobby y otras actividades para influir en el sistema político y obtener beneficios personales o para grupos de interés, tal como se ha visto en las recientes denuncias en la ALP, con motivo de la aprobación en diputados de la Ley del Oro que implica a CC y CREEMOS, todos ellos, actos en contra de los intereses de la institución, el pueblo boliviano y las comunidades asentadas históricamente en todo el suelo boliviano. Aparte de sus connotaciones éticas, sociales y económicos, cuando la corrupción es generalizada, ello significa una distorsión grave para el funcionamiento de una sociedad desde un punto de vista político, social y económico tanto en el corto como largo plazo: por ejemplo, la Ley del Oro y los fondos de la Gestora, pueden alargar la vida presente del MAS-IPSP, hacia el definitorio político del 2025.
La corrupción reproduce y consolida la desigualdad social y preserva las redes de complicidad entre las élites políticas y económicas. La desigualdad económica y política se refuerza al producir una asignación socialmente injusta de los bienes y servicios provistos por el Estado.
La clase política consolida su accionar sobre la base del clientelismo olvidando su papel como intérprete de las necesidades de toda la sociedad. Cuando la corrupción se generaliza, se deslegitima el sistema político, porque, además, distorsiona la toma de decisiones en el sector público respecto a los servicios e inversiones que debe efectuar el Estado, pues personajes corruptos, asumen decisiones distorsionadas de lo que debe entenderse por desarrollo con visión país.
El modelo de corrupción que implantó el proceso de cambio, ha sido el de una corrupción en cadena, que llegando a sus extremos se convirtió en una corrupción organizada, institucional. Puede concluirse que, las dictaduras, y en general los sistemas políticos autoritarios, crean condiciones idóneas para una mayor extensión de la corrupción; hay en ellos más descontrol y ocultismo, y por consiguiente mayor sentimiento de impunidad que facilita los casos de corrupción.
La han naturalizado, perversamente, por ello, la Política Plurinacional de Lucha Contra la Corrupción y el DS 4872 del gobierno/Estado/partido, es un saludo a la bandera, ante las evidencias de corrupción que, a diario, los medios y las RR.SS., asombran al pueblo y enmudecen a la clase política.
