Ante lo que un sector de la población consideró un incremento inaceptable de los índices delictivos en Bogotá, Colombia, un puñado de civiles conformó el Grupo de Reacción Inmediata de Bogotá (GRIB), que recibe entrenamiento y opera con la venia de la Policía Nacional del país suramericano desde 2019.
La seguridad ciudadana en la capital colombiana, en la que viven 7,1 millones de personas según cifras oficiales, ha servido de justificación para la delegación en manos de particulares de una función que constitucionalmente es responsabilidad inalienable del Estado, en un país atravesado por un prolongado conflicto armado.
Esta organización se conformó durante la administración del presidente Iván Duque (2018-2022), que hizo de la seguridad una de sus banderas centrales y la esgrimió en diversos contextos, incluyendo el estallido social de 2021, donde la actuación de los cuerpos de seguridad dejó decenas de víctimas, entre muertos, heridos, lesionados permanentes y desaparecidos.
En aquel entonces también se comprobó la presencia de civiles armados en las protestas, que en numerosas ocasiones atentaron contra manifestantes sin que mediara la intervención de la Policía para impedir los ataques o capturar a los responsables.
Los fines declarados
A mediados del pasado marzo, el GRIB fue presentado en un informe de la cadena local CityTV como una entidad que cooperaba con las autoridades en la recuperación de vehículos robados, principalmente motocicletas, un medio de transporte ampliamente utilizado por los bogotanos para evadir el congestionado tráfico de la urbe.
“De ahí nace la necesidad, por tanto robo, por tanto hurto, por tanto incidente, de comenzar a generar un grupo en el que nos ayudáramos entre nosotros”, relató entonces Carlos Arturo Gómez, director del GRIB.
Una aplicación en sus teléfonos celulares permite que cada integrante esté al corriente de la ubicación del resto de los miembros en tiempo real. También son esenciales para ellos los radiotransmisores, desde los cuales tienen comunicación directa con la Policía y la Dirección Antisecuestro y Antiextorsión de ese ente, conocida como GAULA, que además se encarga de su entrenamiento.
Sus integrantes, que suman cerca de 40, parecen estar al corriente de que sus acciones se asientan en un límite legal muy delgado y son, por eso mismo, objeto de cuestionamientos. “Ellos –la Policía Nacional– son los que nos capacitan, porque andamos en un camino muy delgado entre ir a ayudar y cometer una infracción”, reconoció el líder del GRIB.
Financiamiento poco claro
Quienes hacen parte del GRIB aseguran que son voluntarios y no reciben ninguna paga por esta clase de trabajo, al que califican como una muestra de apoyo y solidaridad entre ciudadanos, cuya subsistencia suele estar a menudo atada al vehículo hurtado o robado. De allí que, afirman, sus acciones son celebradas por la población.
No está claro quién financia sus actividades –disponen de uniformes, compuestos por una chaqueta amarilla fosforescente y una gorra camuflada–, ni cómo repercute sobre sus ingresos el hecho de abandonar parcialmente sus labores formales para abocarse a estas tareas, aunque un reciente informe de Caracol apunta hacia donaciones como origen de los fondos.
Delegación de funciones
La aplicación desde la que se gestiona la operación del grupo le permite a los ciudadanos comunes comunicar la comisión de presuntos ilícitos, por lo que el GRIB funge como intermediario entre los residentes y las autoridades, aunque estas disponen de canales formales de recepción y procesamiento de denuncias.
“Nos dicen que hay unos presuntos delincuentes, enviamos dos unidades de GRIB a hacer una revisión y, efectivamente, se visualiza que es personal sospechoso y que anda armado. Inmediatamente comunicamos a los centros reguladores, que es nuestra Policía Nacional. Ellos son los que llegan al operativo”, ilustró Gómez en conversación con Noticias Caracol.
En este momento, el plan parece ser expandir su acción a partir de las entidades de organización comunitaria, a las que han ofrecido ingreso y entrenamiento para los que estén interesados en sumarse.
El GRIB: política y paramilitarismo
El GRIB parece estar jugando un papel en la campaña electoral para las elecciones regionales y municipales del próximo 29 de octubre. En Bogotá se elegirán un nuevo titular para la Alcaldía mayor, 46 miembros del Consejo Distrital y 184 miembros de las juntas administradoras locales.
Así, dirigentes de la formación derechista Centro Democrático, liderada por el expresidente Álvaro Uribe Vélez (2002-2010), han promocionado en las redes sociales actos proselitistas celebrados en compañía de integrantes del GRIB.
“Estamos buscando unir todas las redes de apoyo ciudadanas de seguridad de Bogotá. Hoy fue un gusto compartir con el grupo GRIB, que tiene gran liderazgo y conocimiento”, escribió en su cuenta de X –antes Twitter– el representante José Jaime Uscátegui, adscrito al Centro Democrático.
En otra publicación se apunta la presencia del GRIB en una actividad de la que también hicieron parte su hermano Julián, edil de la comunidad de Usaquén por la misma formación política, así como la senadora Paloma Valencia, una de las caras más visibles del uribismo en el Congreso colombiano, y el candidato a edil Miguel Maldonado.
José Jaime y Julián son hijos del general Jaime Uscátegui, condenado en 2009 por su responsabilidad en la masacre de Mapiripán, hecho acaecido en el departamento de Meta en junio de 1997, donde paramilitares cercaron a los habitantes del poblado durante cinco días, lapso en el cual torturaron y asesinaron a los locales y a todos los que se aproximaron al lugar.
“Las investigaciones posteriores mostraron que las tropas que dirigía el general Uscátegui, por aquel entonces al mando de la VII Brigada, ayudaron a las fuerzas paramilitares durante su llegada a la pista de aterrizaje y se aseguraron de que las tropas con capacidad para combatir a los paramilitares se encontraban ocupadas en otra parte. En el intento de encubrir su responsabilidad, el general Uscátegui trató de falsificar documentos que informaban sobre la matanza“, recoge una reseña de Amnistía Internacional publicada tras la condena al funcionario castrense.
De acuerdo con sus perfiles en X, ambos vástagos afirman que son hijos “orgullosos” del general Uscátegui.
Fuente: RT