Eduardo Claure
El análisis de la política criminal es un tema abarcador que engloba diversas aristas del saber criminológico y del Derecho penal, por ello es necesario comprender sus fundamentos para así proyectar una visión más completa y clara de su finalidad e importancia. A lo largo de la historia, desde que se concibe la organización del Estado y el consecuente desarrollo del Derecho penal, ha sido la reacción frente al fenómeno criminal y la estrategia a adoptar frente a la delincuencia, el punto esencial del debate y la polémica de los estudiosos de esta área del conocimiento. Del análisis del término política que realizó Hanna Arendt quien en rasgos esenciales expresó: “La política, se dice, es una necesidad ineludible para la vida humana, tanto individual como social. Puesto que el hombre no es autárquico, sino que depende en su existencia de otros, el cuidado de ésta debe concernir a todos, sin lo cual la convivencia sería imposible”. Agregamos que esta terminología, parte del entendimiento de que la política puede ser entendida, además, como el estudio de toda esfera de actividad humana que tuviese, de cierta manera, una relación con el Estado. Al ser el Estado el encargado de organizar, coordinar y disciplinar la vida en sociedad de manera que los conflictos y tensiones sociales se sobrelleven en los niveles de tolerancia, debe hacerse valer para alcanzar dicho objetivo, de mecanismos coercitivos y coactivos, entre ellos el ius puniendi o derecho de castigar. Este le permite, siempre de acuerdo al contexto social, el momento histórico en que tiene su origen y se desarrolla, establecer las políticas que considere más acertadas para reaccionar ante el fenómeno criminal, en el caso boliviano, instalado desde el 2006 y que deja en la actualidad, derivaciones de inseguridad social, ya en extremo peligroso, por los altos índices de criminalidad que se han acentuado.
América Latina es la región que cuenta con la tasa de homicidios dolosos más alta del mundo; y aunque algunos países ya dejaron atrás las guerras civiles, sus cifras de homicidios son equiparadas con las de países declarados en guerra. Se combina, por un lado, países que cuentan con regímenes políticos “democráticos” (excepto Cuba, Nicaragua y Venezuela), pero que al mismo tiempo tienen amplios sectores de su población viviendo por debajo de la línea de pobreza y con la distribución del ingreso más desigual del mundo, lo que en el caso boliviano ha llevado a situaciones de crimen y violencia desbordados: caso ABC, FASSIL, sicariatos en Chapare, Beni y Santa Cruz, denuncias muy graves entre bandas del MAS-IPSP, desde las bases a niveles altos del ejecutivo, quienes se acusan mutuamente.
En las últimas tres décadas, Latinoamérica y el Caribe han pasado por una tremenda agitación. Si bien la región se ha alejado de las guerras civiles hacia democracias representativas, y ha experimentado un crecimiento en el tamaño de su clase media -como en Bolivia-, así como un importante crecimiento económico, incluso en medio de una casi recesión mundial -por el clima de guerra entre Rusia/Ucrania-, también se ha convertido en el lugar más violento del planeta. Las cinco principales naciones más homicidas en el mundo están en América, cuatro de ellas en Centroamérica. Parte de la explicación de esta dicotomía se encuentra mirando a los mercados criminales en sí: nuevos mercados de drogas, en particular de cocaína, en Europa, Asia, Oriente Medio y África, han llevado a los grupos criminales a cambiar sus rutas, socios y medios de transporte. Los cambios resultantes no han coincidido con una mejor aplicación de la ley y con leyes más estrictas que regulen, por ejemplo, el movimiento de dinero, en Bolivia definitivamente inexistente. Las organizaciones criminales más grandes han respondido al cambiar su ubicación y modus operandi, dando así más poder a los grupos criminales de menor nivel, en países de todo el continente americano, de cuyo centro es Bolivia. Estos grupos criminales de menor nivel han aumentado su tamaño y sofisticación, y han ayudado a los mercados criminales locales desarrollados alrededor del tráfico de drogas. El resultado es un panorama criminal que se ha vuelto más fragmentado, violento y diversificado en los últimos años en nuestro país. Como podemos analizar la política criminal en las últimas décadas se ha constituido en un gran debate para poder erradicar la criminalidad, las cuales no deberían quedar en programas o estrategias planteadas sino se debería atacar en una forma directa este fenómeno social con una buena estructura judicial, especialmente en el ámbito penal al que el gobierno nunca destinó recursos para asegurar y enfrentar la criminalidad, con un buen tratamiento preventivo a los sistemas criminales del submundo narco, que, además, desde el mundo carcelario se han organizado y perfeccionado en actos delictivos haciendo uso de la tecnología y métodos electrónicos que a través de ellos prolifera más crímenes, secuestros, extorción, explotación sexual y el comercio discriminado de todo tipo de droga que conlleva a que nuestra sociedad caiga en decadencia por la falta de concienciación por parte de los organismos estatales de velar por la seguridad e integridad de nuestra ciudadanía en general, cuando cada día aparecen casos de policías involucrados en esta frecuencia derivada de la política criminal ligada a lo público en un gobierno que dijo ser de un proceso de cambio.
Se puede evidenciar el aumento criminal donde el gobierno estatal ha puesto falso énfasis para reducir la criminalidad puesto que en las últimas décadas se ha acentuado por organizaciones criminales, vinculados a la producción, procesamiento y comercio de las drogas, generando así otros factores como; extorción, secuestros, lavado de dinero, prostitución, dando como resultado crimines por la lucha de territorio entre estas organizaciones y el micrográfico que se produce en nuestra sociedad a través del menudeo, arrastrando de esta manera a los jóvenes a un mundo de violencia por el consumo del alcohol, droga, los mismos que han desencadenado delitos criminales de magnitudes que asechan a tranquilidad de la sociedad.
Este tenor, trata el tema de la seguridad y el control de la criminalidad en el contexto de una sociedad democrática, ante la advertencia de la gravedad del problema de la política criminal, donde existe una falta de ideas y de profundidad, además de una ausencia de políticas efectivas, lo que ha llevado a un alto grado de impotencia social frente a este fenómeno. Con esto, se ha caído en un conservadurismo carente de ideas, poco dispuesto a profundizar en el análisis y menos aún dispuesto a arriesgar en el diseño de políticas complejas que permitan enfrentar un fenómeno social también complejo y multifacético. Las propuestas políticas en curso de parte de la clase política rumbo al 2025, debiera detectar las líneas instrumentales de trabajo para revertir el inmovilismo y establecer, de modo general, los temas que debieran formar una agenda de largo plazo para afrontar con energía, creatividad y razonabilidad, el problema de la criminalidad nacida del modelo económico y de la criminalidad política en general de este gobierno del proceso de cambio, que es la única herencia actual que ha legado a la agonizante Bolivia Republicana. Debe superarse la incertidumbre y el miedo, que ha caracterizado a nuestra vida social y política a lo largo de estos 18 años. La ciudadanía mantiene el tema de la inseguridad como una de sus prioridades y como una interpelación permanente. Mientras la dirigencia política, se muestra preocupada y atenta. Sin embargo, este aparente punto de conexión no produce políticas consistente y menos acciones. No debe dejarse a la sociedad expectante y atemorizada ante una oferta electoral abierta y sin soluciones, es decir descomprometida, ante este tema, peligroso y criminal que asechará al pueblo boliviano con mayor índice de criminalidad, de no proponerse este tema en la agenda de un próximo gobierno del 2025 hacia adelante.
