Han solicitado una Petición de Informe Escrito (PIE) para conocer como se ha dado este proceso de contratación, donde están involucrados Héctor Arce y Pablo Menacho, afines al MAS.
Omar Garzón C./Bolinfo/Tarija
(elPeriódico – Junio, 05/2021) El diputado por Comunidad Ciudadana (CC), Adrián Vega, denunció que existe “tráfico de influencias” en el Ministerio de Minería y Metalurgia, donde se estaría favoreciendo a propios funcionarios del actual Gobierno Nacional, como Héctor Arce, embajador de Bolivia ante la Organización de Estados Americanos (OEA), y Pablo Menacho, ex procurador general del Estado.
Resulta que este Ministerio contrató los servicios de la firma de abogados: “Alliance Abogados Asociados S.C., donde estarían involucrados Arce y Menacho.
“La Empresa Siderúrgica del Mutún, a través del Ministerio de Minería y Metalurgia estaría favoreciendo a dos masistas, a Héctor Arce y Pablo Menacho, donde se habrían adjudicado de manera directa un contrato por 2.5 millones de bolivianos para la defensa técnica y legal sobre un caso de un litigio internacional sobre el tema del mutún”, dijo.
Vega cuestiona por que se hizo la contratación por excepción, de manera directa a estas dos personas, quienes también fueron exautoridades del Gobierno Nacional y son afines del Movimiento Al Socialismo (MAS).
“El señor Arce porque tendría que licitar con el Estado cuando es funcionario público, esto no puede suceder. Hemos denunciado también que existen serias irregularidades, como la firma de abogados, donde ni si quiera cuenta con un registro publico de abogacía, es decir, no es una firma constituida, ni reconocida en el Estado boliviano. Hemos constatado también, que esta firma de abogados, se presenta como organización no gubernamental sin fines de lucros”, declaro Vega.
APUNTE
Solicitan al Ministerio de Minería la nulidad del contrato
Vega manifestó que han solicitado información al Ministerio de Minería y Metalurgia para que pueda esclarecerse este hecho, y además, para que pueda rescindirse este contrato, “porque hay en flagrancia trafico de influencias, un posible daño económico al Estado, y esto no debería ocurrir”, señaló.
También han solicitado a la Contraloría General del Estado pueda realizar una auditoría sobre el proceso de contratación, y en caso de darse más irregularidades, no se descarta que este caso pueda llegar al Ministerio Publico.