Eduardo Claure
El 3 de marzo desde 1973, se conmemora el Día Mundial de la Naturaleza, además de celebrar la diversidad de especies, es una ocasión en la cual se fortalece la concienciaen torno a la contribución que hacen los diferentes organismos a la vida humana y a la salud de la Tierra. En la Bolivia plurinacional y del cambio, ¿qué sucede con el medio ambiente, los recursos naturales renovables -suelo y agua- la biodiversidad, los pueblos indígenas de tierras bajas, nuestros ecosistemas y la propia población en general? Veamos, S.e.u.o, Boliviatiene 16 macro leyes respecto a temas ambientales, RR.NN., biodiversidad, etc.: 1. Ley de Aguas (1906); 2. Decreto Ley 12301 de Vida Silvestre, Parques Nacionales, Caza y Pesca (1975); 3. Código de Minería (1977); 4. Ley de Medio Ambiente (1992); 5. Ley INRA 1715 que creó la Superintendencia Agraria (1996); 6. Ley Forestal (1996); 7. Ley de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario (1999); 8. Ley Nº 3545 de Reconducción Comunitaria de la Reforma Agraria, modifica la Ley Nº 1715 INRA (2006); 9. Constitución Política del Estado Plurinacional (2009); 10. Ley de Derechos de la Madre Tierra (2010); 11. Ley de Desarrollo Integral (2010); 12. Ley Marco de Autonomías y Descentralización (2010); 13. Ley de Gobiernos Autónomos Municipales (2014); 14. Ley de Minería y Metalurgia (2014); 15. Código Penal (2015); 16. Ley de Uso y Manejo Racional de Quemas (2019), además del Tribunal Agroambiental, como la principal institución del Estado para hacer valer los derechos de la población a un medio ambiente sano, así como para precautelar los derechos de la Madre Tierra.
Surge entonces, una gran interrogante: estas leyes y su estructura institucional, han intervenido en el ecocidio de los incendiados bosques de la Chiquitanía, de la marcha en defensa del TIPNIS, de la contaminación de los ríos del norte paceño tropical, del Beni y la salud de poblaciones indígenas Ese Ejjas, Tsimanes, Mosetenes, Leco, Uchupiamona y Tacana, afectados por cooperativas mineras auríferas contaminantes con mercurio que cobijan a empresas chinas, en la intervención a Áreas Protegidas Naturales, pues no, no han intervenido, siendo que Bolivia se encuentra en la lista de los diez países con mayor Biodiversidad Nacional de Áreas Protegidas. En total registra 123 áreas protegidas: 22 de carácter nacional, 23 de carácter departamental y 78 áreas municipales. Varias de estas áreas tienen una doble condición: por un lado, parques nacionales, y por el otro, Tierras Comunitarias de Origen (TCO), hecho que obliga al Gobierno, en cumplimiento de la CPE, a realizar la consulta previa, libre e informada, nunca realizada por el gobierno del MAS-IPSP. Sin embargo, cinco de las 22 Áreas Protegidas Nacionales: Madidi, Aguaragüe, Tariquía, Iñao, Pilón Lajas y Manuripi, han sido desnaturalizadas, vale decir que la afectación es tal que se compromete la razón de su creación. Sin embargo, por la posición de los pueblos indígenas que han rechazado la política extractivista, el presidente Morales vio este procedimiento como un “perjuicio” para los objetivos de exploración y explotación hidrocarburifera o la ejecución de megaproyectos como la hidroeléctrica de El Bala, el Chepete o la intervención cómplice -de falsos defensores de plataformas, cívicos, alcalde y gobernador- sobre Tariquía.
De las 16 leyes que tienen que ver con los recursos naturales, la biodiversidad y los eco sistemas, las primeras siete son antes del proceso de cambio (neoliberales) y las restantes nueve, propias del MAS-IPSP, relacionadas con la preservación del medio ambiente, con un contenido altamente protector y sancionatorio, todas ellas contienen directrices duras, rígidas e inflexibles y bastante desagregadas hacia el cumplimiento de sus preceptos derivados de la CPE y 300 convenios internacionales. Entonces, ¿cómo es que ha sucedido la grave crisis de agua en el hermano departamento de Potosí? Es que sus principales autoridades, alcalde y gobernador están en la cárcel mientras las calamidades venían, uno por violación y el segundo por corrupción. Lo propio el titular del Ministerio de Medio Ambiente y Aguas renunció en mayo de este año, por corrupción. Este es el problema.
En los 18 años de aplicación de estas leyes, observamos avasallamiento de tierras con protección policial, invasiones y deforestación por grupos afines al gobierno, ríos contaminados con mercurio y cianuro por cooperativas mineras, sequías e inundaciones por el cambio climático y la negligencia gubernamental para minimizar los impactos de una catástrofe natural y mala gestión de las áreas protegidas por parte de las autoridades municipales, departamentales y nacionales. La perversa ampliación de la frontera agrícola mediante la pérdida de bosques, incendios, y sobreexplotación del suelo cultivable: es una pesada agenda ambiental que sobrepasó la incapacidad de toma de decisiones correctivas de las autoridades con medidas oportunas: nunca aplicadas. En la actualidad de 342 municipios, 279 se declararon en emergencia por la sequía. Según MapBiomas al 15 del presente mes, Bolivia perdió el 39% de sus aguas superficiales según la siguiente relacióna escala departamental: la situación de Santa Cruz es más seria, ya que sus aguas superficiales decrecieron un 65% entre 1985 y 2022, lo que equivale a 265.107 hectáreas menos; le siguen, en ese orden, Beni, con -48,73; Chuquisaca, con -37,7%; Oruro, con 34,4%; Cochabamba, con -26,6%; Tarija, con -21,5%; La Paz, con -11,6; y Pando, con -7%. Qué están haciendo las autoridades masistas y no masistas al respecto.?
Concluyamos:dieciocho años de fuerte campaña hacia el exterior de nuestras fronteras, del espíritu, pensamiento y acción ultra defensores de la Pachamama, mientras al interior del país, una retórica ultra defensora de los pueblos indígenas, la protección de su hábitat y la base del desarrollo nacional basada en la “racional” utilización de los RR.NN. “nacionalizados y/o recuperados de las garras del imperio”. Concluyamos, el liderazgo de Bolivia en tema ambientales, es simulado, el gobierno ha desarrollado actividades nocivas y altamente depredadoras para el medio ambiente, RR. NN. renovables y biodiversidad, que amenazan el total de áreas protegidas naturales y los territorios indígenas, mientras aplica un discurso fingido de ser protector de la Madre Tierra o Pachamama: mentiras siniestras, ocurre total contravención a la CPE: se demuestra que el Modelo Económico Social Comunitario Productivo, es un fracaso y una falacia. Solo es un gobierno extractivista y depredador, altamente corrupto e ineficiente y ligado al submundo narco y al contrabando militante.
El Gobierno promulgó el D. S. 4667 de 11 de febrero de 2022, que modifica la frontera hidrocarburífera a 108 de las áreas reservadas a favor de YPFB para que desarrolle actividades de exploración y explotación. El 50% de las Áreas Protegidas Nacionales están afectadas por la frontera hidrocarburífera, en total 11, al interior de las 22 APN, el 17,9% del total de su superficie ha sido dispuesta como áreas de actividad petrolera (3.046.797, 50 de hectáreas). Siete de las Áreas Protegidas Nacionales, entre ellas el Tipnis enfrentan un alto nivel de afectación ya que más del 30% de toda su superficie ha sido definida como área petrolera. Lo preocupante, es que se ha decidido crear áreas petroleras superpuestas a las Áreas Protegidas Nacionales. Estas afectaciones abarcan entre el 55% y el 90% de la superficie de las APN, con lo cual es imposible pensar siquiera en acciones de mitigación viables. En cinco de las más importantes Áreas Protegidas del País, las especies de flora y fauna que albergan y todo el patrimonio natural y cultural que existe en su interior corren el inminente riesgo de desaparecer. Recientemente la sentencia constitucional 0076/2023 del Tribunal Constitucional Plurinacional que declara la nulidad de la Ley Departamental 98 de Santa Cruz en varios de su artículos, quitando a la Gobernación la competencia del manejo, cuidado y protección de las Unidades de Conservación del Patrimonio Natural (UCPN), deja en situación de indefensión a los acuíferos y áreas de conservación protegidas en los nueve departamentos de Bolivia, significando además que la defensa de Santa Cruz por la zona de recarga acuífera de Guenda Urubó, que provee de agua a 2.500.000 de cruceños, ha ingresado a un alto riesgo de perderse, ante un negro panorama de sequía prolongada y de la inmediata y futura disponibilidad de este vital recurso para “el más desarrollado y casi autónomo” departamento de Bolivia.
Definitivamente, NO existe acción pública del “proceso de cambio” con visión ecológica en materia de medio ambiente y sus componentes: biodiversidad, población humana, recursos naturales renovables, flora, fauna y otros, a pesar del profuso contenido protector ambientalista en la normativa boliviana en la materia y el discurso oficial. Se confirma qué, las políticas positivas son declarativas y que realmente no se implementan por el nivel central, las ETAs, y también, debe reconocerse, por la sociedad civil: juntas vecinales, sindicatos agrarios, comités cívicos. Ausentes: entidades académicas y colegiadas, sin protagonismo específico. Terrible, no tenemos un gobierno protector de la tal Madre Tierra, solo unos pachamameros de 4ta.
