Contra la cesión exclusiva del Oro a cooperativistas y empresas chinas, urge una Ley del Oro

Eduardo ClaureEntre 1988 y 1994, en el departamento de Oruro, la Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinas FSUTCO y su ente matriz la CSUTCB, lo propio la COD de Oruro y la COB, dieron una dura batalla contra las empresas explotadoras de oro, sumándose incluso el Comité Cívico y la Universidad UTO, el motivo principal eran las irrisorias regalías de menos del 1% y el grave deterioro ambiental que provocaba el uso del cianuro en las piscinas de lixiviación en las que se recuperaba el famoso “bullón de plata”. Las movilizaciones subieron de tono entre 1992 y 1994, provocando intervenciones ministeriales del más alto nivel, ejército y policía juntos que, no pudieron aplacar los ánimos beligerantes de miles de campesinos del departamento y especialmente de las áreas de explotación aurífera, ubicadas en el Delta del Río Desaguadero hasta el Lago Poopó, habitado por comunidades campesinas aymaras y los grupos étnicos Uru Chipayas, Iru Itus y Uru Muratos. La principal explotación del oro en el altiplano (La Joya y Chuqiña, en Oruro), era efectuada por los consorcios mineros EMUSA, COMSUR y Grupo GRACE, que, a través de la empresa aurífera Inti Raymi tenían 3.700 pertenencias mineras auríferas con reservas de oro que alcanzaban 10.000.000 de toneladas métricas, con un contenido de 1,6 grs. de oro/tn. Los socios de este consorcio minero, integrados en la Empresa Inti Raymi, eran prominentes personajes políticos del MNR, ADN y otros “neoliberales” (MIR), a la cabeza de Gonzalo Sánchez de Lozada, Mario Mercado Vaca Guzmán, Ronald Maclean y, otros que, luego agregaron a empresas mineras extranjeras bajo la política de la capitalización y los Join Ventures, como la canadiense Batlle Mountain Gold. La empresa operaba a cielo abierto y extrayendo el oro en forma de “bullón de plata”, que enviados al exterior y mediante un proceso de fundición, recuperaban el oro, del que pagaban regalías e impuestos, pero no de los contenidos de otros minerales que contenían esos concentrados: plata, zinc, cadmio, wólfram y otros metales raros. La recuperación del oro se efectuaba con intenso uso de cianuro que amalgama el oro, tecnología a la que se oponían campesinos afectados por la contaminación de sus tierras, aguas superficiales y fauna, pues el área de influencia de estas explotaciones: río Desaguadero, Lago Poopó y Represa de Tacagua, son de alta producción agropecuaria. Hasta hoy, (MAS-IPSP, incluido), no se ingresó a explotar el cerro Achachucani en la provincia Abaroa del departamento de Oruro. Esas luchas populares y campesinas, significaron se eleve las regalías auríferas a un miserable 1,5% y, la empresa Inti Raymi efectúe “compensaciones” a las comunidades afectadas, obsequió las luminarias al estadio de futbol, amén de denuncias contra cívicos, dirigentes campesinos y otros, por recibir “algunos desagravios”, extras. Ahora bien, la crisis económica mundial de 2008 generó una nueva fiebre por la minería aurífera en los países amazónicos. Esto ocasionó una subida del precio del oro, un crecimiento de la demanda global y un incremento de la minería en la Amazonia Boliviana, hoy entregada a la voracidad incontenible de empresas chinas camufladas en cooperativas mineras bolivianas. Según la Federación Regional de Cooperativas Mineras Auríferas (FERRECO), en Bolivia existen 1.700 cooperativas mineras de las cuales el 65%, alrededor de 1.100, se dedican a la explotación del oro. El 35% restante extrae otros minerales como el estaño, el wólfram, la plata, el plomo y el antimonio en las regiones de Potosí, Oruro y Cochabamba. De las 1.100 que se dedican a la explotación de oro, el 91% opera en los municipios del norte del departamento de La Paz, convirtiéndose en el principal productor de este metal en el país con ingresos que bordean los 5,1 millones de dólares, según el Servicio Nacional de Información sobre Comercialización y Exportaciones Mineras (SENACOM). El año 2014 la producción nacional batió un récord, llegando a las 34 toneladas, según SENARECOM.La nueva Ley de Minería N°535 de Bolivia, promulgada el 28 de mayo de 2014, define la explotación y comercialización ilegal de recursos minerales como aquella que se “realizare sin contar con la autorización o derecho otorgado”, existiendo otras disposiciones que alientan la toma y posesión ilegal de predios con fines de explotación minera. En este contexto, el mercurio es utilizado para aumentar la recuperación del oro que se une al metal formando una amalgama que hace posible recolectar pequeñas partículas de oro en el agua. Cuando el mercurio es derramado en las aguas se transforma en metilmercurio, compuesto altamente tóxico que es asimilado por los peces, que al ser consumidos o en otros alimentos contaminados, ingresa en la corriente sanguínea y pasa a otras partes del cuerpo (cerca del 95 % es absorbido) hacia el cerebro y a otros tejidos, produciendo graves daños. Según el último reporte del Global Mercury Assessment elaborado para el Programa de las NN.UU. para el Medio Ambiente (PNUMA), en Bolivia se habrían derramado 100 toneladas de mercurio en las aguas y suelos el año 2012. Este mismo reporte ha definido al mercurio como “una amenaza global para la salud humana y ambiental”. Las cifras del PNUMA también afirman que en Bolivia se habría emitido y descargado alrededor de 100 toneladas al año de mercurio ambientalmente contaminante, de un total mundial de 1.707 toneladas en 2010 o de 1.607 en 2011. Esto significa que Bolivia es responsable del 6 % de todo el mercurio arrojado al medio ambiente por causa de la minería del oro. Y, a la fecha.??. Las cooperativas auríferas han logrado pagar regalías del 4,5% en convenio con el gobierno de Arce Catacora, sin que medien recursos técnicos para evitar el uso de mercurio y sus graves consecuencias ambientales y humanas, o una mejoría de ingresos por regalías para el país. Colofón: antes, los declarados campesinos y obreros (CSUTCB y COB), luchaban ferozmente contra la voracidad transnacional que doblegaba al poder de turno de ese periodo (MNR-MIR-ADN-otros), hoy, los declarados “indígenas originarios campesinos en el gobierno del proceso de cambio”, entregan sin miramientos y muchas ventajas, el oro, que paga pigricias por impuestos y/o regalías, al otro imperio, el chino. Que descolonizados y soberanos, estamos y somos. Entonces, hace falta una nueva Ley del Oro. Aquí, anoto una pequeña ayuda memoria al respecto, para legisladores de la ALP y otras instancias, que hasta hoy no han abierto su boca para nada sobre el tema y sobre muchos otros, demostrando una incapacidad, mediocridad y falta de lectura política, que, ya no asombra. Aquí la propuesta: LEY DEL ORO Y LA PLATA. Marco Normativo, etc. Gestión de los Recursos Naturales y los yacimientos minerales, conforme establece la CPE en lo correspondiente al Catalogo Competencial y, los Artículos: 9, numeral 6; el Art.33 y 34, 297 al 304, 306,307, 308, 309 numeral 1, 310 al 314, 341, 342, 343, 345 al 358, 369 al 377 y otros referidos a recursos mineros del Oro y La Plata, que constituyen bienes del patrimonio de la Nación y propiedad del Estado Plurinacional de Bolivia, según establece la CPE. Exposición de Motivos y Antecedentes etc.- La tecnología actual empleada por los adjudicatarios cooperativistas nacionales y empresas chinas, están saturando de potentes reactivos como es el mercurio (y cianuro), suelos y aguas en zonas de explotación dentro el territorio nacional, poniendo en alto riesgo a la salud humana, fauna, agua y suelos en áreas concesionadas y otras de influencia, situación que debe tener un remedio inmediato. La realidad histórica demuestra el innegable efecto negativo que ha tenido para las áreas de explotación minera, debido a la legislación incompleta y permisible en la evasión impositiva y de regalías, que permite la fuga de ingentes recursos económicos del Estado boliviano, además dejando un alto grado de contaminación qué, debido a la degradación y destrucción, en muchos casos irreversible de los ecosistemas afectados, deben merecer la aplicación dura, rígida e inflexible de la normativa específica en la materia y por los organismos previstos por ley, acompañada por el Control Social correspondiente.Qué, todos los países civilizados del mundo, han fijado regalías superiores al 40%, en bruto para la explotación aurífera en general. En Bolivia la explotación petrolífera, paga el 11%, con yacimientos en franca disminución y sin posibilidades de mejorar hacia adelante. Estos antecedentes, hacen imprescindible la necesidad de actualizar el Código de Minería, reglamentando de mejor forma la protección de nuestros recursos naturales y el mejoramiento de regalías justas al país y sus departamentos y regiones donde se exploten recursos minerales preciosos, como son el Oro, la Plata y otros. Qué, ha sido practica ancestral, desde la Colonia, que la explotación minera pague el Quinto Real, es decir el 20% de la producción bruta. Qué, el desarrollo sostenible es un proceso basado en la equidad social, la transformación productiva y el uso racional, para elevar el nivel de vida de la población, basada en la recuperación del patrimonio de los recursos naturales no renovables, enmarcados en la democracia participativa y la recuperación del patrimonio y gestión de los RR.NN. no renovables del país fortaleciendo su base institucional, lo que será imposible si se permite la expoliación de nuestras riquezas mineralógicas de oro, plata y otros estratégicos como el Litio y otros metales raros, tal como sucede en el presente.Por Tanto, la Asamblea Legislativa Plurinacional Decreta: Artículo Primero: La explotación aurífera y de la plata a cargo de cooperativas, empresas nacionales o extranjeras, pagarán el 20% (veinte por ciento) de su valor bruto, independiente de su contenido fino, a la cotización oficial vigente al momento de su explotación. Se destina el 55% de las regalías del oro y la plata a las entidades territoriales autónomas: gobernaciones, alcaldías, universidades y, el 45% al Tesoro General del Estado. Articulo Segundo. – Se derogan las disposiciones legales contrarias a la presente ley. Pase al poder ejecutivo para fines constitucionales. Es dado………En este contexto, los entendidos en la materia en la ALP, disponen los medios y recursos, de conocimiento en técnica legislativa y desarrollo normativo, como para hacer su trabajo al respecto. No pueden esperar que, la sociedad civil haga su tarea…