Por: Eduardo Claure
La nueva oligarquía popular de hoy, aquella que proclamaba reivindicaciones históricas plasmada en la Tesis de Pulacayo contra las políticas heredadas de Simón Iturri Patiño, junto a Mauricio Hochschild y Carlos Víctor Aramayo, conocidos como los barones del estaño que tuvieron gran influencia política en Bolivia hasta la Revolución Nacional de 1952, que nacionalizó las empresas mineras, y más allá, hasta el 21060, eran el grueso popular que confrontaban a los gobiernos neoliberales desde la recuperación de la democracia pactada hasta la guerra del agua y del gas que dio inicio -con apoyo español y cubano venezolano- al malhadado proceso de cambio, que hoy bloquean y amenazan con incendiar el país por encima del dialogo propuesto por el ejecutivo. Estos nuevos barones de la coca y el oro, no pagan impuestos, destruyen las áreas protegidas, santuarios naturales y bosques ubérrimos sin aportar al “desarrollo nacional”, en contrarrevolución no solamente conceptual -política e ideológica- sino fáctica y convertidos en verdugos del pueblo boliviano, con actitudes calcadas exactamente a lo obrado por las “clases dominantes” de otrora, olvidándose de la lucha de clases y la revolución permanente, saltaron por encima de las leyes y al grito de “aura se, guerra cewel” criminalizan los recursos naturales y la biodiversidad, a los pueblos indígenas de tierras bajas y convirtiendo a los de tierras altas y valles en industriales de la sagrada hoja milenaria; mientras, Choquehuanca se rasga las vestiduras con su discurso pachamamero de una gestión más, junto al “académico inventor de la economía blindada” Catacora, que en la fecha, han proclamado a los cuatro vientos de las virtudes y bondades -ininteligibles- de su modelo económico social comunitario productivo, que deja a Bolivia sin reservas de oro, sin dólares, sin litio, sin “un mar de gas” y sin futuro que no sea la narco economía, el contrabando, la criminalidad y el sicariato judicial.
El proceso de cambio desató la más perversa acción contra el desarrollo político boliviano, lo extenuó y extinguió, ante la mirada casi complaciente de una clase política que se regodea con añoranza de su imagen pequeña burguesa cómoda, que fue su límite de aspiraciones políticas cuando detentaron el poder. Sus propias limitaciones de formación, fueron su freno, su “hasta aquí”. Por ello, intentan reflotar aliándose con el enemigo y haciéndose a los desentendidos de temas claves y a la vez, lacerantes, de la actual coyuntura social, económica y política, cuyos resultados son la ausencia de estos en la ALP, en los medios, en foros, en mítines, en las calles, en fin, en todos los escenarios que han dejado de trabajar política y directamente con los ciudadanos. Creen que el tik tok, lo es todo. Pueden tener 500.000 likes o más, pero cuantos en las calles.? Los medios digitales, están bien, pero no lo son todo. La gente se distrae y goza, lo disfruta, pero, se concientiza.? Los moviliza.? Los vuelve adherentes “combativos”.? Vaya uno a saber.!
Entre el 2008 y 2010, circularon en RR.SS., fotografías de grupos armados en algunos lugares del oriente y el chapare. Típicos desaliñados y barbones que, en formación cuasi castrense, con pasamontañas, algunos, otros con gorras, mostraban diversidad de armamentos. Asumían poses de apronte y de combate. Desaparecieron de la noche a la mañana. Quienes eran, nunca se supo, se decía peruanos, colombianos, cubanos, incluso mexicanos. Diversos medios en estas semanas han dado espacio a declaraciones de políticos y de lugareños en zonas de incendios de bosques, que mencionan que se han avistado gente armada que les disparó para alejarlos de zonas de explotación de oro. Las autoridades competentes han desviado la atención indicando que son poco menos que “avistamientos/espejismos”, sin embargo, aún así, se dijo que incluso, amedrentaron a grupos de bomberos que acudían a aplacar incendios forestales. Incluso dispararon contra pobladores hiriendo a un poblador, incluyendo un policía. La fuerza del orden acudió al lugar en un pequeño contingente, no dieron con nadie, dijeron. Qué cosa no.?
Estas fuerzas populares, movimiento popular se decían en los 70s y 80s, luego llamados “movimientos sociales” parece que han conformado una organización por encima del Pacto de Unidad, que encumbró a Morales; este otro, “Estado Mayor del Pueblo” -cuando J.J. Torres-, pareciese que es el que intenta dar línea a las decisiones gubernamentales respecto al fin de los recursos naturales renovables y no renovables, especialmente, pues asumen quien debe explotarlos, cómo pagar impuestos, a quién venderlos, quienes ingresan a Áreas Naturales Protegidas, se anulen de facto articulados de leyes que protegen los ecosistemas y toda la biodiversidad incluidos pueblos indígenas, “cierren el pico” autoridades e instituciones rectoras en materia medio ambiental, etc., etc. Como la aquiescencia del ejecutivo, parece un hecho que corrobora este discernimiento, no existe en los medios nota alguna que señale alguna acción al respecto de que se aplique la ley. Exactamente como en otros casos, como el de la ABC, FONDIOC, CAMCE, YPFB, FASSIL, la caída de las RIN, escases de dólares, déficit comercial, economía en picada, litio, oro, mercurio, cianuro, ecocidio bajo manos incendiarias, ni qué decir de Añez, Camacho, Pumari y un centenar de casos más del salpicado narcotráfico y contrabando. Entonces, ahora Luchito, gobierna escuchando al pueblo representado por ese nuevo Estado Mayor.? A dónde conduce esta nueva fuerza decisoria en temas de Estado.?
Los Estados paralelos o paraestados, es un criterio utilizado por varios críticos, analistas e investigadores acerca del conflicto sufrido por Colombia. El término tiene que ver con la fuerza de choque en que se constituyeron los grupos armados, específicamente las guerrillas, representadas por las Fuerzas Armadas de Colombia -FARC-, y el Ejército de Liberación Nacional -ELN-; al igual que los paramilitares, ambas fuerzas transversalizadas por el narcotráfico. El sello de Estado paralelo o paraestado, significa que son grupos que han logrado consolidar un poder económico, político y social de tal significancia, que poseen un control casi que absoluto sobre una gran parte del territorio y en éste imponen sus leyes y normas como lo haría cualquier Estado, en detrimento de la institucionalidad, la democracia, las políticas públicas y la convivencia pacífica, tolerante, el respeto de los derechos humanos, civiles, políticos y fundamentalmente a la autoridad y la supremacía de la Ley. Lo anterior muestra que el Estado institucional es reemplazado en su función primordial por un paraestado. En este caso, la desinstitucionalización da vía a la parainstitucionalización; y en tanto que el Estado pierde legitimidad, el paraestado se fortalece, recibe más apoyo social, se muestra más eficaz en el control del orden privado, no del público, impuesto a través de la violencia. La relación establecida hace que el poder y el parapoder lleguen a compartir muchas veces, el mismo espacio territorial e institucional.
Los paraestados surgen, porque el Estado legalmente constituido cede poder a un grupo insurgente o, simplemente, establece acuerdos para el control ante el embate de un opositor que le quiere arrebatar a través de la violencia o las elecciones, los derechos que por Constitución le pertenecen. Los que construyen el aparato paraestatal “alternativo” se oponen a la administración oficial única, y que, dentro de un tiempo, dos o más autoridades se solapan hasta que una destruye a la otra y monopoliza el control sobre la población y el territorio. Este control puede durar un tiempo más o menos prolongado, hasta que aparezca otro paraestado. El Estado, en estos casos, tiene como papel clave siendo la única fuente legítima de poder y de violencia -cuando así se requiera-, fragmentarse en una gran miríada de grupos y facciones que se arrogan funciones paraestatales sobre la población, la economía y el territorio. El conflicto se generaliza e irradia hasta cubrir la totalidad del país, subsumiéndolo perversamente. Ese el peligro, sobre el cual la clase política de oposición alternativa, debe pensar seriamente. Lo propio la sociedad civil organizada.
Cocaleros, cooperativistas auríferos, interculturales y otros, deciden sobre Bolivia
