Denuncias sobre vehículos indocumentados que pasan a manos de instituciones públicas o entidades que están vinculadas al gobierno nacional, han levantado polvareda esta vez desde el sur de Bolivia, desde el departamento de Tarija. Se ha identificado un vehículo que estaba en manos de la asociación de municipios de Tarija y que conducía o de alguna manera, lo tenía bajo su posesión, el presidente Wiilliam Guerrero, que a su vez es alcalde del municipio de Padcaya. Guerrero milita en el Movimiento al Socialismo y llegó al cargo que hoy ocupa, justamente participando bajo esta sigla política.
En el caso que hoy nos toca analizar, sin duda que existen una serie de elementos que nos llevan a la confusión, partiendo del hecho de cuál es la institución que ha entregado este motorizado a la AMT. Tomando en cuenta otras situaciones que ya se han vivido en un pasado reciente, la aduana nacional ha salido, acertada y rápidamente, a aclarar que fue la Dirección de Bienes Incautados (Dircabi) la que tenía el vehículo que fue derivado a la entidad donde se encuentran organizados los municipios del departamento de Tarija, reacción que ha pretendido evitar que haya mayor confusión, con la consiguiente responsabilidad. Dircabi en Tarija ha puntualizado que se trata de un vehículo con problemas relacionados a un caso de narcotráfico que data del año 2017 y que de acuerdo a la normativa vigente, correspondía en primera instancia incautarlo y luego confiscarlo en favor del Estado, eso es lo que ha sucedido y desde Dircabi Santa Cruz se procedió a entregarlo a la AMT. Se indicó de que quienes hablan de recuperar o devolver el motorizado, deben hacerlo ante un juzgado en Santa Cruz.
Hay un dicho que indica que el que explica se complica y creemos que el gobierno nacional está justamente cayendo en situaciones que son cada vez más complejas para informar a la población y mostrarle de que no hubo dolo, mala fe o la comisión de algún delito. Es urgente que se instruya una investigación general y al mismo tiempo minuciosa, de todos los trámites de entrega o transferencia de vehículos incautados o confiscados por la razón que sea, a alguna institución. De esta manera se demostrará que hay interés para despejar dudas, para establecer la situación legal de cada uno de ellos y de que se quiere actuar de acuerdo a la ley. El gobierno debe urgentemente enviar estos mensajes que le permitan conservar el bagaje de credibilidad que aún pueda tener y si corresponde, recuperarlo a través de decisiones concretas y claras en momentos difíciles.
