Eduardo Claure
Las últimas décadas se han caracterizado en el mundo y Bolivia por una creciente preocupación de los temas ambientales, que exteriorizan la percepción social de una realidad que muestra graves deterioros sobre el medio ambiente, y que este infiere directamente sobre la calidad de vida de los habitantes, la caída de la producción agropecuaria, el grave deterioro de la explotación piscícola, la carencia creciente de recursos vitales como el suelo y el agua, especialmente, que no se expresa en un diagnóstico cuantitativo riguroso, por ello, algunas denuncias no tienen correspondencia con la dimensión de los efectos lo que reduce la capacidad de respuesta de las entidades públicas, privadas y sociales. La explotación minera regional -Oruro, Potosí- exportan procesos contaminantes hacia la región sur del país, a través de las corrientes superficiales y subterráneas de agua, definitivamente, además de explotación minera en el departamento de Tarija, no cuantificada ni evaluada rigurosamente en todos sus procesos.
Se puede afirmar que la minería regional -y local tarijeña- vive un momento de transición debido a los precios de ciertos minerales y especialmente del oro que crean un escenario propicio para la desocupación y el desempleo, a quienes promete un espacio laboral seguro. En estas condiciones, las posibilidades de encontrar capitales frescos resultan una posibilidad que incentiven esta actividad, y al acceso a concesiones nuevas, de pequeña y mediana escala que reconfigure el perfil productivo departamental. Sin duda, es el problema ambiental el más preocupante por la laxitud del manejo y aplicación de la normativa a este efecto para el sector, la falta de mecanismos de control y seguimiento y la precariedad de la propia administración pública local. Son estas condiciones que muestran que, en medio de un estado precario de la minería departamental, no existe posibilidad alguna, de mejorar las condiciones ambientales, existiendo síntomas claros que la incorporación de tecnologías intensivas a la explotación, en ausencia de mecanismos de protección, puede tornarse en un factor crítico que incida en un deterioro mayor y más acelerado del medio ambiente departamental y local.
En estas circunstancias, la capacidad de respuesta tanto de factores sociales involucrados en la problemática, cuanto, de la sociedad civil regional y grupos afectados, es insuficiente, debido a la falta de orientación sobre las eventuales consecuencias de la permisible política gubernamental actual. La generación de condiciones de pobreza extrema del actual Modelo Económico Social Comunitario Productivo, se constituye en el primer factor del deterioro ambiental de la región que promueve procesos migratorios con la consecuencia del abandono de actividades agropecuarias exponiendo a los suelos, a la erosión y desertificación, y segundo, la sobre explotación de los recursos naturales, comprometiendo el futuro de un desarrollo sustentable. Aquí, un elemento clave es la aparición de cooperativas mineras de escala, que operen en condiciones de extrema precariedad tecnológica, baja eficiencia y mayor incidencia sobre el deterioro ambiental, por otro lado la instalación de operaciones de mediana escala con el uso de tecnologías intensivas y aplicación de reactivos químicos altamente tóxicos, son parte del cuadro que dejan la ausencia de las políticas públicas del modelo, que han derivado en el empobrecimiento de la población y la desocupación y subocupación de la mano de obra, y por otra la acción de la inversión en ausencia de un régimen jurídico establecido sobre una misma dirección en materia del deterioro ambiental de la región, particularmente de la zona de los valles tarijeños, sin descartar las zonas altas y serranías con potencialidades mineralógicas diversas, aún no estudiadas, ni exploradas, ni explotadas.
El diagnóstico y el análisis situacional precedente, muestra que existe la necesidad de establecer en el nivel sectorial y con carácter local, un régimen jurídico específico, que contenga: 1. Una normativa sobre las actividades productivas mineras que involucre disposiciones para reducir y mitigar el efecto adverso de estas operaciones, en relación a la disposición de residuos sólidos (desmontes) que impidan la contaminación pasiva, y, el tratamiento de aguas residuales en el marco del Reglamento de Vertidos Industriales; 2. Establecer mecanismos de control que permitan el seguimiento de estas actividades productivas, estos mecanismos corresponden a instancias técnicas y de control, siendo evidente que el gobierno/Estado/partido tienden a proteger los intereses de las entidades productoras, estos niveles deben ser planteados como funciones del Estado y de la propia sociedad civil; 3. Formular un programa departamental y municipal para la rehabilitación de ecosistemas degradados por acción de la contaminación minera, principalmente del Pilcomayo, Guadalquivir y otros, que permita recuperar su potencial mitigando su calidad degradada. En este propósito, deberá definirse con claridad, las penalidades sobre acciones contra el medioambiente, especialmente el recurso agua.
El actual Modelo Económico Social Comunitario Productivo del MAS-PSP, está basado en una matriz de expoliación de recursos naturales y empobrecimiento social, en estas condiciones, las acciones políticas que responden al propósito gubernamental son deliberadamente ambiguas en términos de medidas ambientales y tienen contradicciones con esfuerzos de planificación departamental y municipal, lamentablemente inexistentes, y sin visión integral. Otro factor negativo al tema, es la inexistencia de integración institucional sostenida en esfuerzos de investigación sobre estos temas, presentando debilidades en la adecuada mediación de los problemas ambientales planteados, además del incipiente nivel de participación institucional y organizacional que, por su carácter social y su actividad relacionada a estas problemáticas, deberían integrar estos esfuerzos. Existe un débil nivel de incorporación de la problemática ambiental en los planteamientos reivindicativos de organizaciones sociales, privadas, cívicas, ONGs, precisamente por no disponer de información responsable y seria al respecto. La incorporación de estas variables expuestas, debieran traducirse en un régimen específico establecido, para cuyo efecto deberá normarse la actividad minera tarijeña, aún incipiente, pero que, por las contracciones económicas de los hidrocarburos, tal como se conoce mediante los medios, e informado la Fundación Jubileo en días recientes en la ciudad de Tarija. El asunto del futuro de la explotación minera departamental, puede convertirse de potencial e inicial a otro de nivel intensivo y diversificado, para lo cual las ETAs, universidades, colegios de profesionales, comité cívico, FEJUVE, investigadores, políticos y otros, tienen la palabra.
